La obsesión por la FIV

Mucha agua ha pasado debajo del puente sobre el tema de la fecundación in vitro (FIV) en Costa Rica. Se trata de un asunto que el país viene discutiendo desde hace décadas, cuando la Sala Constitucional declaró que esta técnica es contraria al Derecho de la Carta Magna, a propósito de su artículo 21, que establece que la vida humana es inviolable. Desde entonces, el tema ha venido de aquí para allá y, finalmente, alcanzó el rango de “demanda internacional” mediante querella interpuesta por algunas parejas con problemas reproductivos que reclaman su derecho humano a procrear.

Con el país entero en el banquillo de los acusados, resulta interesante el giro que ha tomado la discusión en las actuales circunstancias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que la vida humana no se inicia con la concepción sino algunos días después… y ¡Presto: se violan los derechos humanos de las familias querellantes! Y si algún mortal se atreve siquiera a cuestionar semejante fundamento ontológico, la estaca ideológica llameante parece ser su destino, ante una corte elevada al rango de palacio sagrado, compuesto por semidioses inmortales, que son capaces de definir cuándo empieza la vida humana a pura “técnica jurídica”.

Pero no nos llamemos a engaño. Decidir cuándo empieza la vida humana no tiene nada de técnico, a propósito de que ni en el plano de las ciencias naturales logran ponerse de acuerdo sobre este punto. Decir que el asunto ha quedado resuelto por la resolución de la Corte es como pretender ver en un grillo a un ornitorrinco. 

Disfrazar de ropaje técnico lo que a todas luces es una posición política es una falacia que no debemos tragarnos. Los supremos jueces han asumido una posición política sobre el delicado tema de la vida y, hasta donde llegan mis neuronas, toda posición de esta naturaleza es rebatible y cuestionable en una sociedad democrática. 

Lo que nos llena de asombro es que tanto en la izquierda política como en la derecha, en lo que parece ser un romance ideológico apasionado, se acepte que la posición política de la Corte sobre este punto clausure el sentido; nulifique el debate. Ahora resulta que 7 personas que no son costarricenses y que componen el indicado tribunal pueden decirnos a todos los nacionales cuándo empieza la vida humana; es decir, su criterio es ley suprema, por encima de nuestra Constitución, de nuestra soberanía y nuestro Estado de derecho. La esencia del proceso democrático, del que los costarricenses nos preciamos en el concierto de las naciones latinoamericanas, es el cuestionamiento, la capacidad de poner en duda las posiciones políticas de los otros, de interrogarnos sobre las premisas con base en las cuales se construye el acuerdo político. 

Pero en Costa Rica, sobre el tema FIV, el debate está clausurado. Hay que ejecutar lo que políticamente se decidió afuera, en la Corte Interamericana, y punto. Incluso el Gobierno de la República en un acto inaudito le pide a la Corte que avale el decreto ejecutivo que regula la FIV por encima de la resolución de la Sala IV: un verdadero golpe de Estado técnico a nuestra propia institucionalidad democrática. Es evidente que los políticos de izquierda y de derecha que así plantean las cosas simplemente aprovechan la clausura del debate porque les conviene; sea porque les funciona ideológicamente o bien porque les cuaja económicamente, a propósito del gran negocio comercial que está detrás de este tema.

¿A qué se debe la franca obsesión de algunos sectores sobre la mentada FIV? ¿Qué intereses económicos, políticos e ideológicos están detrás de esto? ¿Por qué la clausura del debate en este asunto no genera dudas ni cuestionamientos? ¿Cómo es posible que los defensores de la “institucionalidad social” de Costa Rica hagan la vista gorda sobre la posición de la Caja en cuanto a que no puede asumir el costo de implementar la FIV? ¿A qué se debe que los jueces de la Corte sean vistos como el oráculo sagrado de Delfos en esta materia?

Lo cierto del caso es que no deja de asombrarnos el curso que han tomado los acontecimientos. Hemos impulsado el proyecto de Ley de atención integral de la infertilidad, número 18665, con el fin de dotar al Estado de una plataforma jurídica adecuada para trabajar integralmente un problema que afecta a muchas familias costarricenses. 

Se trata de una política integral, científica, bien pensada, que busca ver las causas subyacentes del problema. Pero a los promotores de una técnica de reproducción con resultados altamente cuestionables, tanto en lo ético como en lo técnico, la idea del proyecto no es de recibo: quieren la fecundación in vitro y sanseacabó. Lo más curioso es que algunos diputados del PAC y del Frente Amplio se oponen a la atención integral de la infertilidad porque quieren la FIV, a pesar de que ambas cosas no se implican circularmente.

La FIV no es más que una técnica, costosa sí, un negocio sí, un genocidio en potencia sí, pero ni más ni menos. Apelamos a una política integral de atención del problema respecto de lo cual las técnicas que existen y que gozan de legalidad deben ser ubicadas en el contexto correcto. 

Espero que la FIV nunca se apruebe en Costa Rica porque para mí la vida humana sí empieza con la concepción y en tanto esa es mi posición política, respaldada legal y científicamente, esta técnica violenta este bien jurídico fundamental tutelado históricamente por nuestro ordenamiento.

Pero si los diputados y diputadas que creen que la vida es descartable aprueban en algún momento la técnica, ¿cuál es el problema de que su utilización se inscriba en una política integral? ¿O acaso el negocio no sería tan lucrativo como se quiere? No hay razón para que estas fuerzas políticas se opongan al proyecto 18665, salvo que la obsesión por la FIV nuble el entendimiento y el buen sentido también. 

*Periodista y diputado de Restauración Nacional