La necesidad no es excusa

El sueño de casi todas las personas es tener una casita propia para formar una familia y darle un lugar digno para vivir, sin embargo, muchas veces el tema económico impide alcanzar este objetivo.
Ante dicho escenario, muchos deciden meterse en el primer lugar que se encuentran libre para montar su ranchito, pero, aunque no quieran dar el brazo a torcer, estos terrenos le pertenecen a alguien y no es tierra de nadie para que puedan tomarla porque sí.
El problema es que, cuando la Fuerza Pública llega a desalojar, estas personas provocan un enfrentamiento con las autoridades sabiendo que están ahí de manera ilegal. Muchos retan a los policías hasta a los golpes y dicen que, para que los saquen, deben llevárselos muertos.
Prueba de eso fueron las 300 familias que invadieron una finca en La Carpio, porque producto de los desalojos la gente se puso violenta y tiró piedras e incluso otros objetos en contra de la Policía.
Entendemos que entre los 2.000 seres humanos que se asentaron en el sitio había niños, adultos mayores y hasta personas con discapacidad, pero en eso tenían que pensar quienes decidieron irse a meter a un terreno que no les pertenece.
Y lo peor de todo es después indican que no los pueden desalojar, según ellos con el cuento de que se ocupa la orden de un juez, ¿acaso ellos para ir a montar los ranchos ocuparon tener algún papel?
El respeto se paga con respeto y los primeros en incumplir fueron ellos al adueñarse de una tierra ajena, lo peor es escucharlos decir que se metieron porque estaba desocupado, sin tomar en cuenta si el dueño tenía el sitio destinado para algo en específico o lo tiene a la venta, y claramente con todos ellos adentro será muy difícil disponer de él.
Aquí cabe aclarar varias cuestiones. En primer lugar, los oficiales no tienen la culpa de nada, solo ejecutan la orden de un juez, así que para qué retarlos a los golpes o agredirlos, ninguno de ellos mandó a estas familias a meterse en terrenos de manera ilegal ni tienen potestad para frenar el desalojo.
Tampoco es responsabilidad de funcionarios de otras instituciones que llegan a dar soporte a las autoridades para poblaciones como la niñez y los adultos mayores, la presencia de estos se da para verificar si existe la presencia de alguna de esas personas, con el fin de brindarles resguardo y que en medio del burumbún no les suceda nada malo.
Cuando se dan estas situaciones, las entidades gubernamentales ligadas a temas de vivienda deben agarrar el toro por los cuernos y verificar cuántas de estas familias ya tienen casas entregadas por el Gobierno para mandarlas de vuelta a estas, pues no se las dieron para que siguieran de precaristas en otro terreno.
Además, les corresponde asegurarse de que otro miembro de la familia no se haya dejado una casa de este tipo, pues muchas veces se las dan a una pareja de adultos mayores y, cuando verifican, sus hijos o sus nietos los echaron para apropiarse de la infraestructura.
Se necesita llevar un control estricto, pues muchas familias casi tienen por deporte ver cómo le sacan casas al Estado, por lo que buscan que cada miembro reciba una en diferentes momentos para venderlas o alquilarlas. De sobra se conocen casos en que la mamá, el papá y los hijos recibieron una casa, pero, curiosamente, cada vez que se hace un desalojo, ahí están.
Quizá la solución para esta problemática es que quienes reciban viviendas de interés social deban pagar por ellas, aunque sea un monto simbólico, para que dejen de ver este beneficio como una obligación del Gobierno.
Si bien en el país se trata de ayudar a muchas personas que no cuentan con las condiciones para tener una vida digna, en ningún lado se indica que sea deber del Estado mantenerlos, darles vivienda, educación, comida y casi hasta lujos como el internet y el celular. Mucha gente está equivocada con las obligaciones que tiene el Estado.