Los abogados de La Nación buscan librar a su cliente de una posible sanción penal, en caso que los tribunales de justicia lo declaren culpable de evasión fiscal, a través de una coadyuvancia a una acción presentada por otra empresa ante la Sala Constitucional, el año pasado.
Según supo DIARIO EXTRA, la acción a la que se acogió el medio periodístico se encuentra registrada con el expediente 12-6522-007-CO, a la que los magistrados de ese alto tribunal le dieron curso para su estudio en febrero de este año.
En la acción el interesado impugnó el artículo 92 párrafo 1 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se indican las sanciones que recibirán los evasores en caso de ser declarados culpables, pues considera que la sanción debe ser escalonada según la cantidad de dinero que se haya evadido al fisco y no hacer un corte radical entre quienes van o no a la cárcel.
ARGUMENTOS
“Una conducta punible difiere de otra no punible, única y exclusivamente por el mero número de diez céntimos de colón en el monto de lo defraudado, sin distinguir la gravedad de la conducta, la gradación de los montos defraudados, ni una escala de sanciones gradual, porque por esa mínima diferencia centesimal se pasa de una sanción patrimonial o pecuniaria a una pena privativa de libertad de cinco años de cárcel”, indica la acción.
Según la normativa actual, a cualquier persona o empresa que defraude al fisco por una cifra igual o mayor a 200 salarios base (¢75.880.000) se le castigará con años cárcel, mientras que si no llega a esa cifra o solo se le acerca un poco se le cobrará una multa.
Así mismo, en la acción se indica que el presunto defraudador tiene la posibilidad de defenderse en vía administrativa respecto al monto que se le quiere atribuir como evadido, mientras que cuando se supera el máximo que la ley determina y este tema pasa al Ministerio Público el acusado no tiene oportunidad de demostrar el error dentro de los cálculos hechos por la administración.
De manera que según los abogados esto va en contra del principio de gradualidad establecido en el artículo 39 de la Constitución Política.
La causa que pesa sobre la empresa acusada es de ¢1.900 millones, por lo tanto en caso que los Tribunales de Justicia determinen que hubo evasión fiscal, los representantes legales Manuel Francisco Jiménez, Carlos González Jiménez y Javier León Longhi deberán purgar 5 años de cárcel cada uno.
DIARIO EXTRA intentó comunicarse con el abogado de La Nación, Carlos Tiffer, pero en su bufete no respondió el teléfono.