El valor que una sociedad le dé a la salud y a la educación la definen. Sobre esto tenían claridad los grandes políticos patrios que fundaron la seguridad social y la educación pública, gratuita y obligatoria.
Sin embargo; dentro de la coyuntura social y económica actual, nos encontramos en la disyuntiva como país de escoger entre el desarrollo económico o la salud, y desdichadamente la salud está perdiendo la batalla. Pero sería suicidio político ponerlo tal cual sobre la mesa, por lo menos abiertamente. Entonces se han venido gestando una serie de cambios paulatinos que han preparado el terreno para que se nos venda la idea de que las atenciones privadas en salud no solo son mejores, sino que son una opción para todos.
Para lograr tal fin, se han desarrollado sigilosamente estrategias meticulosas que se han ejecutado maquiavélicamente. Primero se gestó y ejecutó la eliminación de la relación máxima del número de personas a cargo de un profesional dentro de las atenciones en salud (eliminación de los ratios de las normas de habilitación del Ministerio de Salud), lo que no solamente expone al profesional en salud a no tener tope o límite en los usuarios a los que debe prestar atenciones, causando obviamente un detrimento en la calidad de la atención, sino que también existe respaldo científico sobre el riesgo que esto implica sobre la salud del trabajador y la seguridad del paciente, así como en el aumento del riesgo de mortalidad.
Posteriormente se realizan cambios para que la CCSS no necesite demostrar, previo a la adquisición de servicios a terceros que la institución misma no los pueda proveer, abriendo un portillo a la compra de servicios a terceros que de forma paulatina privatizaría las atenciones en ciertos servicios básicos de la institución como los de limpieza y seguridad, entre otros.
Todo lo anterior mientras se gestan una seguidilla de golpes al bolsillo, la reputación y la estabilidad laboral de los empleados públicos en general, manipulando la percepción social mediante una guerra mediática en la que los empleados públicos no solo se proyectaron como personas de altos ingresos cuasi culpables del déficit fiscal, sino como poco productivos y enemigos de los trabajadores del sector privado. Nadie abordó que la administración central tiene la obligación de mantener eficiente al aparato estatal, incluyendo la fiscalización de los procesos que garanticen la idoneidad constitucionalmente dispuesta de los funcionarios públicos y que, si existen unos pocos que no realizan su labor de la mejor manera, comparte responsabilidad el Estado. Pero claro, eso no era conveniente. Y como si fuera poco ahora vienen la ley de empleo público y el salario global, que siguen manteniendo muy ocupadas a las organizaciones sociales para que no centren su atención en los cambios que a la postre beneficiarán a unos pocos, que serán los que tengan la capacidad económica de vender servicios y atenciones en salud a los pocos que puedan ya costearlos.
Ahora, ante la inversión de la pirámide poblacional que nos vienen advirtiendo las organizaciones internacionales en salud desde hace años, donde los nacimientos disminuyen y cada vez hay más personas pensionadas y adultos mayores que van a requerir atenciones de baja, mediana y alta complejidad; surge de repente la red de cuido para los niños, la formación técnica de cuidadores y el interés de plantear una política de cuidados.
Ahora bien, el cuidado trasciende la ejecución de procedimientos invasivos o no invasivos a una persona de cualquier edad que los requiera. Requiere una capacidad cognitiva y analítica, de síntesis de datos y de toma de decisiones, que ningún personal con un grado técnico puede ni debe realizar, el hacerlo constituiría no solo impericia, sino imprudencia y negligencia. El ser humano no es una máquina cuyo arreglo y mejora pueda ponerse en manos de quien cobre menos por su arreglo, y siquiera intentar comparar los cuidados brindados por personal técnico con los que puedan brindarse por un profesional, solo por que el primero constituye mano de obra más barata, es el principio de la mercantilización de la salud en nuestro país.
Tenemos un sistema de salud de primer mundo y una cantidad de médicos y enfermeras egresados universitarios desempleados que constituyen mano de obra calificada, que no se justifica de ninguna manera la tendencia a la tecnificación del cuidado, ni siquiera como fuente de empleo en medio de nuestra estancada economía.
Si fuera usted, su hijo o hija, su madre o padre quien requiere servicios profesionales en salud en este momento, aún dentro de las condiciones institucionales que no permiten el ejercicio pleno y eficiente de la atención, la CCSS le brinda sin costo lo requerido. Eso es un lujo que no podemos ver muchas veces los costarricenses, porque somos hijos de generaciones que ya no recuerdan las grandes luchas sociales de nuestro país. Pero en otros países donde la salud ya ha sido mercantilizada, se vive la triste e inhumana realidad de que solo tiene salud y acceso a servicios en salud quien los pueda costear.
La solidaridad de nuestro sistema de salud es lo que nos queda como pilar de la seguridad social y sin duda alguna lo que mantiene todavía la paz y la existencia de más de dos clases sociales en este país a diferencia de muchos en Centro y Latinoamérica y sin duda, la privatización y mercantilización de la salud son el principio de una época oscura que será recordada por nuestras futuras generaciones como el peor error político y social de nuestra historia: cuando Costa Rica le dio más valor a la economía que a la Salud.