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Miles de cartagineses sufren cada día al intentar salir de su provincia en un proyecto de ampliación del sector de La Lima y Taras que parece nunca terminar. La obra, que debería haber sido una solución vial hace años, se ha convertido en el símbolo perfecto de todo lo que está mal con la obra pública en Costa Rica. Como bien lo expresa el alcalde Mario Redondo, “5 años son un yugo demasiado pesado, para una obra de tan solo 2 kilómetros y medio, no es inventar el agua tibia”. Y tiene razón. Lo que estamos presenciando en Cartago no es un caso aislado, sino un patrón sistemático que se repite en cada rincón del país: proyectos que se eternizan, presupuestos que se inflan, y ciudadanos que pagan el precio más alto.
Detrás de cada estadística hay personas reales. Trabajadores que salen de madrugada de sus hogares para llegar a tiempo al trabajo en San José. Estudiantes que pierden horas de clase atascados en el tráfico. Pacientes que llegan tarde a citas médicas vitales. El tiempo perdido en estas presas no es recuperable, y cada minuto representa oportunidades perdidas, estrés acumulado y calidad de vida deteriorada.
Pero el problema va más allá de las molestias cotidianas. El informe del Lanamme revela una realidad aún más preocupante: deficiencias en la señalización, fallas en el sistema de drenaje, y materiales de mala calidad que ya muestran deterioro antes de que la obra siquiera se inaugure. Estamos hablando de riesgo de accidentes mortales, de una infraestructura que nace obsoleta, de dinero público desperdiciado en una obra que podría requerir reparaciones casi inmediatas.
Los procesos de expropiación se arrastran durante años. Los trámites burocráticos se multiplican sin razón aparente. Las reformas legales necesarias para agilizar estos procesos duermen el sueño eterno en la Asamblea Legislativa. Y mientras tanto, los ciudadanos pagamos dos veces: una con nuestros impuestos, y otra con nuestro tiempo y calidad de vida.