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Este lunes 17 de marzo los cartagineses finalmente podrán transitar por el tan anhelado paso a desnivel de La Lima. Un trabajo que debería ser motivo de celebración, pero que en realidad representa un síntoma más de la enfermedad crónica que aqueja al país: la lentitud en la ejecución de obras de infraestructura vial.
Según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), los habitantes de esta provincia han esperado 700 días más de lo prometido para verla concluida. Casi dos años de retrasos, congestiones interminables y horas perdidas en el tráfico, pero lo más preocupante no es solo la demora en su construcción, sino que, de acuerdo con un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, esta carretera podría estar obsoleta para el 2033.
¿Cómo es posible que una obra que ha tardado tanto en concretarse tenga una vida útil tan corta? La respuesta es simple y dolorosa: la eliminación del cuarto paso a desnivel, una decisión tomada por el exministro de Transportes Mauricio Batalla con el argumento de “ahorrar recursos”. Una decisión que la diputada cartaginesa Paulina Ramírez ha catalogado acertadamente como producto de una “mentalidad cortoplacista”.
Este no es un caso aislado. Costa Rica tiene una larga historia de infraestructura que cuando finalmente se concreta ya resulta insuficiente para las necesidades del momento. Recordemos la ampliación de la ruta 27, que prácticamente desde su inauguración mostró ser insuficiente para la demanda vehicular. O la de Circunvalación Norte, la cual tras décadas de planificación, cuando por fin vio la luz, ya requería ampliaciones adicionales.
El patrón se repite una y otra vez: planificación deficiente, ejecución tardía y resultados insuficientes. Según el informe de la CCC presentado a la Asamblea Legislativa, las principales obras viales del país acumulan hasta 1.578 días de retraso —más de cuatro años— entre la fecha de finalización contractual y su conclusión estimada. En promedio, las 11 estudiadas presentan 880, equivalente a 2,41 años.
El vicepresidente de la CCC, Roberto Fiat, lo expresa con claridad: “No se le da importancia a la preingeniería” y añade un dato alarmante: en los proyectos iniciados sin concluir la preingeniería, el atraso es del 180%. Si debía durar 100 días, terminó en 280.
Esta realidad afecta la paciencia de los ciudadanos y el bolsillo de todos los costarricenses. Los sobrecostos se duplican, sin contar reclamos de contratistas, gastos de supervisión, comisiones bancarias y otros costos administrativos. En otras palabras, pagamos más por recibir menos y más tarde.
Mientras tanto, nuestros funcionarios públicos responden a estos señalamientos con evasivas. El actual ministro de Transportes se limita a decir que “no vale la pena” discutir con la Cámara, calificando el asunto como “una cuestión política”. Una respuesta que refleja la desconexión entre quienes toman decisiones y sufren sus consecuencias.
¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que nuestros gobernantes comprendan que la infraestructura no es un lujo, sino una necesidad urgente para el desarrollo del país? La competitividad, la calidad de vida y el progreso económico dependen en gran medida de contar con vías de comunicación eficientes y modernas. Es hora de exigir un cambio de paradigma en la planificación y ejecución de obras públicas. Necesitamos una visión de largo plazo que contemple las necesidades actuales y también el crecimiento futuro.
Costa Rica merece más que cintas inaugurales que se cortan cuando las tijeras ya están oxidadas por la espera.