Opinión
En los últimos años, hemos sido testigos de un avance tecnológico sin precedentes que ha convertido la manera en que interactuamos, nos relacionamos y realizamos transacciones. El metaverso y los tokens no fungibles (NFT) han surgido como innovaciones disruptivas en el mundo digital, abriendo nuevos horizontes tanto para los usuarios como para las empresas. Sin embargo, junto con su potencial transformador, estas herramientas también han generado inquietudes sobre su utilización en prácticas ilícitas, especialmente en lo que respecta a la legitimación de capitales.
El metaverso, una especie de universo virtual interconectado, permite a los usuarios crear avatares, interactuar en entornos tridimensionales y participar en una economía digital que va más allá de las plataformas tradicionales. Dentro de este ecosistema, los NFT juegan un papel crucial. Estos tokens son activos digitales únicos que se compran, venden e intercambian en plataformas basadas en blockchain, y pueden representar desde arte digital hasta bienes virtuales como terrenos, ropa para avatares o incluso propiedades en mundos virtuales.
En el caso del metaverso y los NFT, el proceso de legitimación de capitales que están desarrollando los grupos criminales consiste en que una persona adquiere un activo digital en el metaverso o compra un NFT con fondos provenientes de una actividad delictiva. Luego, este activo es revendido a otros usuarios en una plataforma descentralizada, y el dinero que recibe a cambio, logra dársele apariencia lícita a raíz de la transacción efectuada. Como el metaverso y los NFT operan en un espacio global y descentralizado, las transacciones no están sujetas a las mismas normativas y controles que los sistemas bancarios tradicionales, lo que les facilita el proceso de blanqueo de capitales.
Por otro lado, la sobrevaloración de algunos NFT, especialmente aquellos asociados con arte digital y coleccionables, puede contribuir a la creación de una simulación de precio que no refleja necesariamente el valor intrínseco del activo. Esta sobrevaloración es otro método para mover grandes cantidades de dinero a través del metaverso, lo que complica aún más su rastreo.
Ante estos desafíos, se convierte en indispensable contar con una legislación que establezca las reglas mínimas esenciales en la prevención del lavado de activos, principalmente por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales, dando así cumplimiento a la recomendación 15 del GAFI. Esta clase de regulación actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, propiamente mediante el expediente 22837.
Sin una normativa clara y globalmente aceptada, el metaverso podría convertirse en un refugio seguro para el lavado de dinero, poniendo en riesgo la integridad de nuestro orden socioeconómico y dinamitando la confianza en el ecosistema digital, siendo este último una realidad que no podemos desconocer.
* Director del Instituto Costarricense sobre Drogas
