La inseguridad no admite politiquería

Los números no admiten eufemismos: Costa Rica atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia. Limón registra una tasa de 37.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que la coloca entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, superando incluso a Washington y ciudades como Bogotá y Ciudad de México.

Michael Soto, subdirector del OIJ, es categórico: “Los indicadores de violencia en el país son los más difíciles de la historia”. Sus palabras no son alarmismo, sino una radiografía cruda de nuestra realidad. La criminóloga Tania Molina complementa esta visión con una advertencia aún más dramática: Costa Rica podría llegar a un “punto de no retorno” si no se implementa una estrategia nacional integral.

El diagnóstico es claro y doloroso. El crimen organizado ya no es un fenómeno periférico, sino un actor central que opera con impunidad, recluta menores para el sicariato y el narcotráfico, y aprovecha la fragmentación institucional para expandir sus redes. 

Costa Rica necesita una política de Estado en seguridad, no planes de cuatro años que cambian con cada administración. 

El momento político es crucial. La próxima campaña electoral debe marcar un punto de inflexión. No podemos permitir que la seguridad se convierta en arma de politiquería barata, en promesas vacías de candidatos que buscan votos con recetas simplistas. Los costarricenses merecen propuestas serias, basadas en evidencia técnica, con visión de largo plazo y respaldo institucional sólido.

El llamado es urgente y sin matices: necesitamos un consenso nacional que coloque la seguridad como política de Estado, más allá de banderas partidarias.

Costa Rica puede y debe ser nuevamente el país seguro que todos anhelamos. Pero solo lo lograremos si entendemos que la seguridad no es un tema más en la agenda política: es la condición fundamental para que todo lo demás sea posible.