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En estos momentos de tanta convulsión alrededor del Poder Judicial, no puedo evitar que vengan a mi mente los muchos recuerdos de quienes ejercieron las presidencias de la Corte Suprema de Justicia en diferentes periodos. Tuve la gran fortuna y el inmenso honor de haber conocido y trabajado muy estrechamente con cada uno de los últimos seis presidentes de la Corte.
Recuerdo con gran nostalgia la época de los años ochenta, cuando, hace casi 40 años, la judicatura en general y la magistratura en particular eran vistas por la ciudadanía con gran respeto y ejemplo de señorío y honorabilidad. No había grandes escándalos en la prensa, pero sí algunas situaciones que empezaban a mostrar algunos niveles de vulnerabilidad en la justicia. Por otra parte, el grave problema existencial del retardo judicial era bastante disimulado y tolerado con gran respeto por parte de abogados y las personas usuarias.
Ante los primeros embates contra la imagen del Poder Judicial a nivel de los medios informativos surgió, por primera vez en la historia de la Corte Plena, la necesidad de hablar de la implementación de una política de apertura ante la ciudadanía. Era preferible pensar en una opinión pública informada debidamente, y no en una opinión “publicada” a gusto de los medios. Peor aún, si lo informado por estos muchas veces carecía de objetividad o veracidad derivadas del desconocimiento de lo legal y jurídico.
Por otra parte, con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró a regir en los ochenta, la Corte tenía la fuerte convicción de que con la promulgación de nuevas leyes era suficiente para hacerle frente de forma exitosa a los atrasos injustificados en la tramitación y resolución de los procesos judiciales, lo cual hasta el día de hoy no ha sido posible.
Poco tiempo después, el discurso oficial y los esfuerzos institucionales se encauzaron hacia el tema de la modernización de la justicia impulsándose importantes medidas y proyectos a nivel tecnológico que tampoco han sido suficientes para lograr el cometido constitucional de una justicia pronta y cumplida.
Así llegamos a los casi últimos veinte años hablando de lo que se ha dado en llamar la reforma judicial con muchos temas importantes de una agenda inconclusa. Por citar algunos ejemplos que ya he mencionado: gobernabilidad judicial, procedimiento de elección de los magistrados de la Corte, evaluación del desempeño, acreditación de la calidad en los servicios de los despachos y oficinas judiciales, reforma de la carrera judicial, régimen y órganos disciplinarios, entre muchos otros.
Nada mejor para la justicia de nuestro país que el Poder Judicial y, en especial su órgano de gobierno, la Corte Plena, puedan capitalizar toda la coyuntura actual para renovar bríos y poderle cumplir fielmente a la ciudadanía con la aprobación e implementación efectiva de una reforma judicial que sea capaz de traducir la justicia en un verdadero servicio público de calidad.
Vale recordar lo que dispone el artículo 158 de nuestra Constitución Política al establecer que: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia…”. No dudo de que así lo harán para saldar esta importante deuda con el país.
Como siempre, muchas gracias por ser parte de estos “Diálogos sobre Justicia”.
* Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Socio Fundador de Decálogo Abogados
[email protected] / Facebook: dialogossobrejusticia