Pasadas las elecciones y la Semana Santa, regreso a mi tema recurrente: la necesaria y urgente Reforma del Estado y la revisión del modelo de desarrollo.
Esa es la gran bronca de Costa Rica y no solo del futuro Gobierno, en un escenario difícil y complejo en lo político y, más aún, desde el punto de vista de los actuales, negativos y críticos indicadores económicos y sociales.
Según la Constitución Política de 1949, somos una democracia presidencialista y centralizada en que “El Poder Ejecutivo lo ejercen en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores”, a los que corresponde conjuntamente “vigilar el buen funcionamiento de servicios y dependencias administrativas”.
Esos principios son desarrollados estrictamente en la Ley General de la Administración Pública, pero en la práctica del ejercicio real del poder político y en los hechos, 73 años después de haber sido promulgado el texto constitucional, eso no sucede del todo y de ahí la ingobernabilidad e ineficiencia actual en el Gobierno Central y en la Administración Pública.
Con las excepciones que establece la propia Constitución Política para las universidades públicas y las municipalidades, la dirección política del Estado es centralizada e indelegable, por lo que la autonomía de todas las instituciones y los entes descentralizados es solo funcional y administrativa. No son islas independientes. Existe un poder político emanado de las urnas electorales, y ese poder legítimo debe ser ejercido con liderazgo y mucha transparencia.
Agregue más de 4.000 leyes y Decretos Ejecutivos desactualizados y una suma de duplicidades y triplicidades funcionales, abismales diferencias salariales, una maraña de controles y un exceso de tramitología innecesaria que conspira contra los usuarios y asfixia al sector privado productivo generador de riqueza.
El país debe decidir si mantenemos esta visión anacrónica y disfuncional del Estado en que, además, casi todo es calificado de tráfico de influencias o peculado, o si limpiamos la cancha como se dice popularmente y decidimos evolucionar hacia un sistema moderno y semipresidencialista o bien a una democracia parlamentaria que comience, para ser consecuentes, por cambiar el superado y desgastado sistema actual de elección de los Diputados e ir a un sistema mixto de Distritos Electorales y listas nacionales.
Lo que no podemos, como país, es seguir en la actual ingobernabilidad, aceptando la perversión del concepto de autonomía y descentralización en el Poder Ejecutivo. Igual requiere una profunda revisión el Régimen Municipal.
No es cierto, como se dijo en la campaña electoral, que esto se arregla con curitas. Este es el problema país fundamental y debe resolverse o vamos a terminar siendo un país fallido, carcomido por la corrupción, cada vez mas desigual y dominado por los grandes poderes fácticos que controlan al Estado.
Lo que está por verse es si proponen una reforma neoliberal o una reforma progresista para darle vida, fortaleza y futuro al Estado Social de Derecho.