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La noticia de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lanzará nuevamente un estudio de costos para la ampliación de la Ruta 27 debería indignarnos a todos los costarricenses. No porque sea innecesario revisar los más de $500 millones que proponía Globalvía, sino porque evidencia una vez más la parálisis crónica que sufre nuestro país en materia de infraestructura vial.
Como bien señala Guillermo Carazo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Ruta 27 se inauguró hace casi 20 años, cuando el parque vehicular del país era prácticamente la mitad del actual. Era predecible que una vía diseñada para una realidad completamente distinta colapsaría. Sin embargo, dos décadas después seguimos esperando.
La Ruta 27 no es un lujo: es la arteria que conecta la capital con el Puerto Caldera, concentrando más del 60% de nuestras exportaciones e importaciones. Cada minuto perdido en congestionamientos es competitividad que se evapora, son empresarios extranjeros que buscan alternativas en países vecinos con mejor infraestructura, son turistas que se llevan una pésima primera impresión de nuestro país. Mientras las autoridades se dedican a encargar estudios sobre estudios, los costarricenses pierden diariamente hasta 3 horas en presas interminables. Los trabajadores que se desplazan al trabajo enfrentan un promedio de una hora y 18 minutos de tráfico en la tarde-noche y una hora y 12 minutos en la mañana. Esto no es solo una molestia: es una sangría económica que le cuesta al país hasta un 3.8% del PIB anual.
Los datos de la Cámara Costarricense de la Construcción son devastadores: la obra pública ha pasado de representar un 20% de la construcción nacional entre 1991 y 2021 a apenas un 9.5% en 2024. Este desplome no es casualidad; es el resultado de décadas de procesos burocráticos eternos, estudios que se repiten ad infinitum y una falta absoluta de visión estratégica.
Mientras tanto, países como Panamá y Colombia nos han superado en infraestructura logística, ofreciendo a inversionistas y comerciantes lo que nosotros no podemos: certeza, eficiencia y carreteras que funcionan.
El Ministerio de Planificación (Mideplan) ya advirtió sobre los “múltiples riesgos económicos, ambientales, naturales, sociales, legales, tecnológicos, financieros, operativos y de imagen país” asociados con la falta de avances en esta obra. ¿Cuántas más advertencias necesitamos?
No se trata solo de ampliar carriles. Se trata de defender nuestra posición como hub logístico en Centroamérica, de mantener la competitividad de nuestras exportaciones, de garantizar que el turismo uno de nuestros principales motores económicos no se vea afectado por la frustración de visitantes atrapados en embotellamientos épicos desde el aeropuerto.
Los costarricenses merecemos un país que funcione. Merecemos poder movilizarnos sin perder horas valiosas de vida familiar en presas.