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Con más de 500 homicidios registrados antes de finalizar julio, Costa Rica enfrenta una realidad que no podemos seguir ignorando: vivimos una década de violencia continua que ha transformado irreversiblemente nuestro tejido social. Las cifras no mienten: 2.4 asesinatos diarios y una proyección que ronda los 900 homicidios anuales nos colocan ante una crisis que trasciende las estadísticas para convertirse en una amenaza existencial a la Costa Rica que conocimos.
El crimen organizado ya no es un visitante ocasional; se ha instalado en nuestros barrios, ha tomado control territorial y ejerce una gobernanza paralela que desafía la autoridad del Estado. Cuando las pandillas imponen toques de queda y controlan el paso en comunidades enteras, cuando cada búnker de drogas genera miles de colones diarios disputados con sangre, estamos ante una realidad que exige respuestas estructurales, no parches temporales.
Los expertos son contundentes: Costa Rica necesita urgentemente una estrategia nacional integral que coordine a todas las instituciones del Estado. No basta con allanamientos diarios si los vacíos de poder generan nuevas disputas territoriales. No es suficiente detener cabecillas si surgen nuevos liderazgos que perpetúan el ciclo de violencia.
La solución requiere acciones inmediatas, pero también visión de largo plazo. En el corto plazo, debemos fortalecer la Fiscalía y el OIJ con recursos humanos y tecnológicos, aprobar leyes que permitan atacar el patrimonio ilícito de las organizaciones criminales, y establecer protocolos claros de coordinación entre todas las fuerzas de seguridad.
Pero el verdadero cambio demanda medidas estructurales: una política penitenciaria que evite que las cárceles se conviertan en centros de operación criminal, programas efectivos de prevención en zonas de alto riesgo, y una política nacional de promoción de paz que ofrezca alternativas reales a nuestros jóvenes.
La falta de voluntad política ha sido, según los especialistas, el mayor obstáculo. Mientras el crimen organizado ejecuta estrategias coordinadas, el Estado costarricense responde de manera fragmentada e ineficiente. Esta descoordinación institucional debe terminar ya.
Costa Rica debe recuperar su esencia: ser un país donde las familias puedan caminar por sus calles sin miedo, donde los niños jueguen en los parques sin riesgo, donde la paz no sea un lujo sino un derecho fundamental. El momento de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde para rescatar la Costa Rica que todos merecemos.