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El 20 de octubre de 2026, Costa Rica vivió una jornada de movilización en defensa del financiamiento de la educación pública. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y distintos sectores sociales salieron a las calles para expresar sus preocupaciones ante las propuestas de reducción presupuestaria que se discuten para nuestras universidades públicas.
Como profesional en psicología, considero necesario aportar una reflexión que trascienda las cifras económicas: la educación no solamente forma profesionales; también construye identidad, fortalece la autoestima, desarrolla capacidades y representa una oportunidad para construir proyectos de vida.
Cuando hablamos de presupuesto universitario, no estamos hablando únicamente de edificios, salarios o gastos administrativos. Estamos hablando de jóvenes que sueñan con convertirse en profesionales, de familias que encuentran en la educación una posibilidad de movilidad social y de comunidades rurales donde acceder a estudios superiores puede significar romper ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión.
Desde la psicología sabemos que las oportunidades educativas, el sentido de pertenencia, las expectativas de futuro y las condiciones socioeconómicas se relacionan estrechamente con el bienestar emocional de las personas.
Por eso, cuando una persona joven percibe que sus posibilidades de estudiar se reducen por razones económicas o geográficas, también pueden aparecer sentimientos de incertidumbre, frustración, desesperanza y preocupación por su futuro.
No podemos hablar seriamente de prevención en salud mental sin considerar las condiciones sociales que permiten a las personas desarrollar sus capacidades y construir una vida digna.
Conozco la importancia que tienen las oportunidades educativas para nuestras comunidades rurales. Para muchos jóvenes, una beca, una sede regional o un recinto universitario cercano representan la diferencia entre continuar estudiando o tener que abandonar sus aspiraciones.
La discusión presupuestaria también debe reconocer las responsabilidades de las universidades públicas en materia de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y adecuada utilización de los recursos. Defender la educación pública no significa renunciar a la evaluación de sus resultados, sino comprender que la calidad, la cobertura y la sostenibilidad financiera deben analizarse conjuntamente.
La marcha de hoy también nos invita a reflexionar sobre el valor de la participación ciudadana. Una democracia saludable necesita personas capaces de expresar sus preocupaciones, dialogar, disentir y participar pacíficamente en las decisiones que afectan su futuro.
Costa Rica enfrenta importantes desafíos económicos y sociales. Precisamente por ello, necesitamos una discusión presupuestaria seria, sustentada en evidencia y consciente de sus posibles consecuencias para las generaciones presentes y futuras.
La educación y la salud mental no son asuntos separados. Ambas forman parte de las condiciones que permiten construir una sociedad con mayores oportunidades, bienestar y desarrollo humano.
Que esta jornada nos permita reflexionar, escuchar las distintas posiciones y comprender que detrás de cada decisión presupuestaria existen personas, familias, comunidades y proyectos de vida.
Porque hablar del futuro de la educación pública también es hablar del futuro emocional, social y humano de Costa Rica.