En medio de apremiantes necesidades sociales y una compleja situación fiscal, Costa Rica enfrenta nuevamente el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. El reciente anuncio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la fijación de más de ¢78.000 millones como deuda política para las próximas elecciones reavivó una discusión que no se puede seguir postergando: la necesidad de reformar integralmente el sistema de financiamiento electoral.
La cifra establecida para los comicios de 2025 representa un incremento astronómico respecto a los anteriores procesos, con aproximadamente ¢59.000 millones más que lo aprobado para 2020. Este aumento desproporcionado ocurre en un momento en que el país enfrenta serios desafíos en áreas críticas como salud, educación e infraestructura, lo que hace inevitable preguntarnos: es justificable mantener un sistema de financiamiento político tan oneroso para las arcas públicas.
La resistencia de las agrupaciones políticas tradicionales a modificar de forma sustancial este sistema de financiamiento resulta particularmente preocupante. Si bien la anterior Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa para reducir la contribución estatal al 0,085% del PIB, esta medida parece insuficiente ante la magnitud del gasto que representa la deuda política en su conjunto. La reticencia al cambio por parte de las estructuras partidarias tradicionales evidencia un divorcio entre sus intereses y las verdaderas necesidades de la nación.
Es importante reconocer que el financiamiento estatal a las organizaciones políticas cumple un papel fundamental en la democracia, actuando como un mecanismo para garantizar la equidad en la competencia electoral y prevenir la infiltración de dineros ilícitos en la política. Sin embargo, el modelo actual parece haberse desvirtuado, convirtiéndose en un pesado fardo para las finanzas públicas sin que necesariamente esto se traduzca en una mejor calidad del debate político o en partidos más cercanos a la ciudadanía.
La urgencia de una reforma integral a este sistema se hace evidente no solo por el monto establecido para las próximas elecciones, sino también por la necesidad de modernizar los mecanismos de control y fiscalización del gasto electoral. El actual mecanismo, que permite a los partidos inscritos a escala nacional acceder a un anticipo del 80% de los fondos, requiere una revisión profunda para asegurar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.
El camino hacia una reforma del financiamiento político tiene que construirse mediante un diálogo nacional que involucre a las agrupaciones políticas, pero también a la sociedad civil, la academia y los sectores sociales. Es fundamental alcanzar un consenso que permita establecer un sistema más equilibrado, que garantice la equidad en la competencia electoral sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. La decisión de la mayoría de los diputados de aprobar una rebaja de 0,11%, lo que implica que el Estado no ahorre cerca de ¢12.000 millones, refleja la falta de consciencia sobre las urgencias que tiene el país y pone en jaque a los partidos tradicionales.