La historia se repite con una regularidad alarmante en el sistema educativo costarricense: programas ambiciosos, anuncios pomposos y resultados decepcionantes. El más reciente capítulo de esta saga lo protagoniza el Programa Red Educativa del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), una iniciativa que, a pesar de contar con un presupuesto abultado de $182 millones, apenas alcanza un 38% de cumplimiento en su meta de conectar centros educativos a internet.
De 2.138 escuelas y colegios previstos, solo 682 se han incorporado a banda ancha. Este rezago tecnológico no constituye un simple contratiempo administrativo, representa una amenaza real para el futuro de miles de estudiantes costarricenses que, tras la pandemia, enfrentan un panorama cada vez más desafiante.
Los efectos de la crisis sanitaria en la educación costarricense fueron devastadores. Según datos del Estado de la Educación, la pandemia provocó una pérdida equivalente a más de un año de aprendizaje en materias fundamentales como matemática y español. Esta situación se vio agravada precisamente por la falta de conectividad en muchos centros educativos, que imposibilitó la continuidad del proceso en condiciones óptimas.
La ineficiencia institucional también quedó en evidencia con el caso de las 44.000 computadoras destinadas a estudiantes que fueron entregadas con dos años de retraso. Más grave aún: cuando finalmente llegaron a su destino, no existía un “plan de acción o instrucciones claras” para su uso y manejo. Este episodio, que ahora investiga la Contraloría General de la República, es sintomático de una problemática más profunda: la desconexión entre las diferentes instituciones involucradas en el proceso educativo y su aparente incapacidad para coordinar esfuerzos efectivos.
La suspensión del Programa Red Educativa por orden del Poder Ejecutivo, aunque recientemente reactivado, es otro ejemplo de cómo las decisiones administrativas pueden obstaculizar el progreso educativo. ¿Cómo justificar estas demoras cuando sabemos que cada día sin conectividad representa una oportunidad perdida para nuestros estudiantes?
El objetivo de proveer conexiones de hasta 600 Mbps a los centros educativos suena prometedor, pero de poco sirve si no se materializa en el corto plazo.
Es particularmente preocupante observar cómo las iniciativas se suceden una tras otra sin alcanzar sus objetivos. La Red Educativa del Bicentenario, implementada en 2018, para 2022 aún no había logrado conectar al 84% de los centros educativos meta. Ahora, con el nuevo programa, corremos el riesgo de repetir los mismos errores si no se toman medidas drásticas para acelerar su implementación.
El presupuesto de ¢91.600 millones hasta 2028 podría parecer suficiente, pero sin una ejecución eficiente y una verdadera coordinación interinstitucional, corremos el riesgo de que estos recursos se diluyan en procesos burocráticos sin generar el impacto esperado.
Es momento de que el Ministerio de Educación Pública, Fonatel, la Sutel y demás instituciones involucradas asuman su responsabilidad histórica. La educación costarricense no puede seguir esperando mientras los trámites administrativos y las decisiones políticas retrasan el progreso tecnológico de nuestras aulas.
Necesitamos acciones concretas y resultados medibles a corto plazo. La implementación de infraestructura tecnológica no puede seguir siendo una promesa pendiente. Cada día de retraso en la conexión de nuestras escuelas y colegios es un día perdido en la formación de las futuras generaciones.
El acceso a internet no es un lujo, se trata de un derecho imprescindible en la era digital. Si Costa Rica aspira a mantener su prestigio educativo y preparar a sus estudiantes para los desafíos del siglo XXI, debe resolver con urgencia esta deuda tecnológica. El futuro de nuestra educación no puede seguir hipotecado por la ineficiencia administrativa y la falta de coordinación institucional.
