Desde hace días vengo diciendo que la desigualdad socioeconómica es un conflicto que, como causa generalizada, produce efectos tan nocivos como el estar en medio de una guerra.
La desigualdad produce, entre otras cosas, pobreza, desnutrición, enfermedades físicas y mentales, aumento de embarazos en adolescentes, uso de drogas, abandono escolar, falta de inserción laboral, delincuencia, narcomenudeo pero sobre todo; produce la violencia como medio para solucionar cualquier conflicto individual o colectivo.
Después de una reunión sindical, caminé por los alrededores de la Iglesia del Carmen, en San José centro, al cruzar la calle, observé que, de manera intempestiva, a escasos 50 metros, se inició un despliegue policial, entre efectivos motorizados y agentes municipales, que de manera enérgica y efectiva controlaron a unos humildes vendedores callejeros, que tenían el comercio informal de frutas y películas.
Los efectivos policiales cumplieron con su deber, pero para quienes fuimos testigos del hecho nos ocasionó un conflicto entre lo legal, lo moral y lo social; porque a quienes se les quitó la mercancía eran mujeres con sus hijos al lado y también adultos mayores, en general personas que tienen, como único medio de subsistencia, lo que venden durante el día.
Han transcurrido semanas después de estos lamentables acontecimientos. y aún no puedo olvidar los ojos llorosos de uno de los vendedores ambulantes, un adulto mayor, hombre de tez morena, ojos cafés, barba blanca de pocos días de tenerla, camisa blanca y de contextura delgada; quien al momento de confiscarle su caja de peras trató de huir, pero evidentemente el peso de sus años y el de las frutas no le permitieron la agilidad y velocidad necesarias para conservar su mercancía.
Al final, el hombre miraba para todos lados, como niño desprotegido, sollozando de tristeza y frustración.
Ante este escenario, reflexioné y llegué a la conclusión de que, sin duda alguna, la desigualdad económica es el flagelo social más perverso y mayor que existe.
En nuestro país el problema de la desigualdad económica es muy serio, con varios agravantes, como es el desempleo que aumenta cada año, con una tasa del 9,3% de la población, tenemos además 700 mil personas que laboran en la informalidad y en trabajos ocasionales.
En la Gran Área Metropolitana, existen 5 mil personas viviendo como indigentes, sin techo, sin cama, ni comida y poco más de 305 mil familias viven en la pobreza. Mientras que, en otras latitudes de la Meseta Central, se construyen torres de apartamentos, lujosos condominios horizontales o verticales y complejos habitacionales al mejor estilo de Hollywood o Beverly Hills.
El Informe sobre la desigualdad global 2018, elaborado por el World Inequality Laboratory, con sede en la Escuela de Economía de París, y que trabaja en coordinación con más de 100 investigadores que cubren alrededor de 70 países, presentó datos reveladores que deben ser objeto de análisis en todo el mundo.
Dentro de las conclusiones de este informe, destaco dos puntos: el primero, es que mientras la riqueza privada crece de manera notable, la riqueza pública se hace negativa o cercana a cero en los países ricos, por lo que esta situación limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad.
Lo segundo a destacar: este informe señala que, para enfrentar la desigualdad de ingresos y riqueza a escala mundial, se requiere cambios importantes en las políticas impositivas nacionales y globales, por lo tanto la transparencia en términos de acceso a la información sobre las actividades económicas también resultan claves para lograr este objetivo, o sea, este punto nos coloca en verdaderas políticas fiscales progresistas, para eliminar la elusión, evasión y fraude fiscal.
Desde el año 1891, el Papa León XIII exclamó en la encíclica Rerum Novarum que la “cuestión social” es un asunto de carácter económico, por tal razón, los Estados deben intervenir para ayudar a los más desprotegidos. Retomando el tema expuesto párrafos arriba, sobre los vendedores ambulantes; se le quita al adulto mayor su caja de peras que tenía para vender, pero el Estado no brinda la solución para que este ser humano tenga una vejez digna ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de Dios.
La desigualdad social solo engendra violencia y basta con observar cómo la idiosincrasia pacífica del ser costarricense se ha ido perdiendo. El año 2017 cerró con 603 homicidios, los juzgados de familia llenos de procesos por violencia intrafamiliar, la deserción escolar en secundaria es de más de 15 mil estudiantes por año, tomando en consideración que el 50% de estudiantes de tercer ciclo abandona la educación formal para siempre; mientras tanto las pandillas de jóvenes florecen en los barrios marginales, propagándose los robos, asaltos, homicidios por sicariato, narcomenudeo, el narcotráfico y el lavado de dinero.
En nuestro país, estamos a tiempo de hacer un alto en el camino, y replantearnos el modelo de desarrollo sociopolítico que podemos y deseamos tener para mejorar la condición económica de todos los costarricenses, para erradicar la pobreza a través del empleo y proteger a la población más vulnerable por medio de una inclusiva y verdadera seguridad social.
Para conseguir este objetivo, se requiere de gobernantes (Poder Ejecutivo y Legislativo) con una ética política inquebrantable que legislen por el bien común, y no a favor, de minorías o grupos de poder, se necesita de una reforma tributaria integral y devolverle la eficiencia al Estado, en todos los entes, órganos e instituciones públicas con trabajadores públicos comprometidos con Costa Rica.
“El crecimiento de la desigualdad y la pobreza pone en peligro la democracia”, dijo el papa Francisco en declaraciones dadas en octubre de 2014, durante la asamblea plenaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz.
*Presidente de la Confederación Rerum Novarum y Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería.