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Sergio Araya Alvarado
Politólogo
Como se planteó en la primera parte de este análisis el lunes anterior, la evolución de las democracias latinoamericanas ha estado marcada por avances significativos en lo político, pero también por limitaciones profundas en lo económico y social. Esa brecha entre el diseño institucional y las expectativas ciudadanas fue el punto de partida para el ascenso de liderazgos que, aunque llegaban al poder mediante procesos democráticos, empezaron a minar los pilares del sistema desde dentro. En esta segunda parte se exploran los efectos de esa deriva y los riesgos actuales que enfrenta la democracia en la región.
Los problemas no resueltos de amplios sectores de la sociedad, sumado a la posibilidad de expresar de forma orgánica sus intereses y necesidades, permitió el advenimiento de actores políticos promotores de plataformas demagógicas y populistas que alcanzaron credibilidad y adherencia mayoritaria en dichos segmentos.
Con discursos impregnados de ataques y descalificaciones a la llamada “clase política tradicional” y a las élites de poder económico prevalecientes, estos actores políticos lideraron movimientos sociales de amplia base popular que accedieron al poder político a través de las urnas.
Una vez asumido el poder, se comenzaron a adoptar procesos de reforma del diseño jurídico e institucional existente, iniciando con la convocatoria e instalación de asambleas constituyentes, a través de las cuales crearon nuevos marcos constitucionales y legales.
A su vez, la división de poderes fue debilitándose en el plano real, al ser incorporados actores afines al régimen en sus respectivos órganos, especialmente en la rama judicial y electoral.
En ese marco, se aprueban o interpretan discrecionalmente normas a favor de la reelección de quienes ejercen el poder.
Posteriormente, al amparo de normas aprobadas por parlamentos mayoritariamente afectos al régimen, se conculcaron libertades y derechos al amparo de supuestos como la defensa de la autodeterminación y la no injerencia extranjera. De estos hechos, la afectación al ejercicio de la libertad de prensa por parte de agentes privados fue una de las más graves. Cierres de medios de comunicación o su expropiación por parte del Estado son dos expresiones concretas de este tipo de proceder. En lo político, se ponen trabas a la oposición, descalificándola mediante artificios legales en su libre ejercicio.
Si bien, a diferencia de regímenes autoritarios del pasado, no hubo expropiación masiva de otras actividades productivas y comerciales, sí, con el devenir de los tiempos, en tanto más se rigidiza el régimen político, se comienza a cercenar el margen de maniobra autónoma de aquellos.
Finalmente, en casos extremos, toda protesta social, aun de quienes en su momento fueron su base de apoyo, se criminaliza y es reprimida.
Adicional a ello, las propias reglas del sistema electoral se adecúan a los propósitos continuistas de los detentadores del poder político, reprimiendo y encarcelando a actores políticos no oficialistas, dando al régimen una fachada legalista que, empero, no logra disimular su transición a un modelo autoritario y cuasi tiránico.
La democracia hoy enfrenta enemigos más sutiles pero igualmente peligrosos que los tanques o los golpes de Estado del pasado.
El verdadero riesgo ya no proviene únicamente de amenazas externas o rupturas visibles, sino de procesos graduales de deterioro institucional, disfrazados de legalidad y apoyados por narrativas que exaltan la voluntad popular mientras debilitan los contrapesos.
Las democracias no se destruyen en un día; se erosionan poco a poco, cuando los principios que las sostienen se relativizan o se manipulan en nombre de la eficiencia, del orden o del supuesto bienestar colectivo.
Hoy más que nunca, la región necesita ciudadanos vigilantes, instituciones sólidas y líderes comprometidos con el equilibrio de poderes y la protección de los derechos.
La historia demuestra que sin democracia no hay libertad, y sin libertad no hay futuro posible.