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Enfrentamos una encrucijada decisiva: cambiar el rumbo de nuestro sistema educativo o condenarnos a la mediocridad y al estancamiento económico.
El más reciente Informe del Estado de la Educación confirma una realidad que ya era evidente: jóvenes de 15 años que cursan octavo y noveno año tienen un nivel de aprendizaje equivalente al de estudiantes de tercer o cuarto grado de primaria. Esta no es solo una estadística más; es la evidencia contundente de que estamos fallando como sociedad en nuestra promesa más fundamental: brindar oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones.
Siete de cada diez empresas en zonas francas tienen problemas para encontrar talento humano con la preparación necesaria para desarrollar sus operaciones, según la Cámara de Industrias de Costa Rica. Esta cifra debería encender todas las alarmas en Casa Presidencial, en el Ministerio de Educación y en la Asamblea Legislativa. No estamos hablando de un problema a futuro; estamos ante una crisis que ya está limitando nuestro crecimiento económico y nuestra competitividad internacional.
Como lo advierte Sergio Capón, presidente de la CICR: “Llegará un momento en que, si las empresas ven que en el país no hay disponibilidad de personal con las destrezas, habilidades y conocimientos requeridos, se dificultará el crecimiento y la llegada de nuevas compañías”. Esa realidad ya está aquí.
Tradicionalmente, el debate educativo en Costa Rica se ha centrado en la meta del 8% del PIB para educación. Si bien es cierto que los recursos son importantes, la crisis actual revela que el problema trasciende las limitaciones presupuestarias. Tenemos serios problemas de enfoque educativo y de la manera en que formamos a nuestros jóvenes.
Los empresarios del sector industrial han manifestado que, debido a las carencias en comprensión lectora, se han visto obligados a modificar los procesos de inducción para nuevos trabajadores. Cuando las empresas deben remediar deficiencias educativas básicas, algo está fundamentalmente mal con nuestro sistema formativo. El problema de fondo es la desconexión abismal entre lo que enseñan nuestras instituciones educativas y lo que necesita el mercado laboral del siglo XXI. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no puede seguir funcionando como una isla, desvinculado de las necesidades reales del sector productivo. Aunque se ha avanzado con 47 empresas que se unieron al programa de formación dual en 2023, esto sigue siendo la excepción cuando debería ser la regla.
La educación dual, que se aplica en Costa Rica desde 2019 y combina la educación tradicional en las aulas con pasantías en empresas, debe expandirse masivamente. No puede seguir siendo un programa piloto o una iniciativa marginal. Los costos asociados a la educación dual, que han limitado su expansión, deben ser vistos como inversión en el futuro, no como gasto. El costo de no formar adecuadamente a nuestros jóvenes es exponencialmente mayor.
Costa Rica se encuentra en un momento decisivo. Podemos seguir por el camino de la mediocridad educativa, condenando a millones de niños y jóvenes a un futuro limitado, o podemos tomar las decisiones difíciles pero necesarias para transformar nuestro sistema educativo.
“Las instituciones públicas deben ser capaces de escuchar lo que la empresa privada requiere, no por capricho corporativo, sino porque es la única manera de garantizar que nuestros jóvenes tengan oportunidades reales de desarrollo”.