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Las cifras son devastadoras y no admiten dilaciones: 75 mil denuncias de supuestos abusos contra más de 125 mil niños, niñas y adolescentes quedaron sin atender en 2024. De las poco más de 94 mil reportes recibidos, apenas 18 mil fueron atendidos de forma inmediata. Esta realidad expone una crisis institucional que trasciende los números y se convierte en una emergencia nacional que compromete el futuro de miles de menores costarricenses.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) enfrenta una tormenta perfecta: recursos insuficientes, personal sobrecargado y una demanda que crece exponencialmente. La situación se agrava cuando conocemos que la institución opera con apenas 58 oficinas locales cuando necesita 82, según estudios técnicos. Esto significa que el PANI funciona con solo el 60% de la cobertura necesaria, una deficiencia que se traduce en desprotección directa para la población más vulnerable del país.
La sobrecarga laboral alcanza niveles inhumanos: funcionarios que manejan 400 o hasta 600 casos cuando el estándar establece entre 45 y 46 expedientes mensuales por profesional. Esta situación no solo afecta la calidad del servicio, sino que vulnera el principio del interés superior del niño, piedra angular de toda política pública en materia de infancia.
Los horarios laborales en los albergues revelan otra arista preocupante: funcionarios trabajando 168 horas semanales, jornadas continuas de 24 horas durante siete días consecutivos, e incluso hasta 11 días sin relevo. Esta práctica, además de carecer de sustento legal según expertos laborales, compromete la calidad de la atención que reciben los menores institucionalizados.
La responsabilidad del Estado costarricense hacia la niñez no es opcional; es un mandato constitucional y una obligación moral irrenunciable. El artículo 51 de nuestra Constitución Política establece que “la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado”, y los niños tienen derecho a medidas de protección que su condición requiere.
La inversión en la niñez no es un gasto, es la inversión más rentable que puede hacer una sociedad. Cada niño desprotegido hoy representa un costo social, económico y humano multiplicado en el futuro. La prevención y atención temprana de situaciones de riesgo son infinitamente más costo-efectivas que las intervenciones tardías.
Es imperativo que el Gobierno Central asuma esta crisis como prioridad nacional. Se requiere un incremento sustancial en el presupuesto del PANI, la apertura de las 24 oficinas locales faltantes, la contratación de personal especializado y la implementación de sistemas de gestión que permitan respuestas oportunas y efectivas.