El Fiscal General don Carlo Díaz le ha prometido a Costa Rica una exhaustiva investigación penal y disciplinaria contra los fiscales que desoyeron las denuncias presentadas por diversas autoridades administrativas en relación con la violación de la mamá de la bebé Keibril. El reconocimiento del error y las disculpas no son suficientes. Debe hacerse una revisión de los estándares éticos al interior del Ministerio Público y detectar y expulsar las manzanas podridas que afectan tan negativamente la imagen de una entidad que está llamada a ser un pilar de la democracia costarricense.
El 30 de marzo de 2022 el Hospital Nacional de Niños le pidió al PANI y a la Fiscalía del Primer Circuito Judicial que protegieran a un niño de 4 años y 6 meses que está siendo objeto de abuso emocional por parte de su madre advirtiéndoles los daños y secuelas que ese abuso puede dejar en el niño. A su vez el HNN pedía que retirara a la psicóloga pagada por la mamá que estaba supuestamente dándole atención al niño. La psicóloga es Adriana Barboza Rojas, miembro de una red mafiosa de amiguis que venden dictámenes de abuso sexual falsos. Hoy doña Adriana está embargada por un Tribunal Civil, suspendida por el Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos en primera instancia y tiene varias denuncias penales en su contra.
En una serie de reportajes que valientemente emitió un canal televisivo no tradicional sobre denuncias falsas se supo de 3 casos en los que el común denominador son publirreportajes en un periódico de circulación nacional producto de la asesoría letrada del exfiscal general de Costa Rica y excomisionado de la ONU para Guatemala señor Francisco Dall’Anese, un patriota que ahora es perseguido político en Guatemala por un fiscal supuestamente corrupto, don Rafael Currichiche. No se conocen casos donde el señor Currichiche esté vinculado a algo tan despreciable como la violencia infantil en la implantación de memorias falsas.
En la Fiscalía a la que el HNN le pidió que protegiera al niño, se encuentran hace 18 meses engavetados unos audios con conversaciones entre la madre y la psicóloga Barboza. En uno de ellos, Barboza compromete a una fiscal que describe como una “mujer elegante y de vestido” quien entrevistaría al niño al que a su vez Barboza y la madre sobornan con regalos cuya entrega está condicionada a que su amiga fiscal, la señora “elegante y de vestido” le confirmara que el niño había contado la mentira bien.
¿Quién es esta fiscal “elegante y de vestido” que es cómplice del infame abuso emocional denunciado por el HNN? Parece necesario una investigación que llegue al fondo del tema pues es inconcebible que los niños tampoco estén seguros en el Ministerio Público donde deben ser protegidos.
Lo que se sabe es que, en esa fiscalía, una misma fiscal participó en dos procesos judiciales en los que está involucrada Barboza. En uno de esos casos, la fiscal realizó una entrevista a un niño la cual rompió todos los protocolos y buenas prácticas locales e internacionales que establecen la forma de llevar a cabo esa clase de actuaciones judiciales. Por algo comparable Nicaragua fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018 en una clara violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con el Poder Judicial esa funcionaria no tiene ninguna capacitación específica, amplia y profunda sobre entrevistas a menores tal cual lo recomienda la UNICEF y lo exige la Corte Interamericana. Está misma fiscal fue reprobada en la capacitación más relevante que recibió del Poder Judicial sobre impugnación de sentencias penales. En el otro caso, la misma fiscal ordenó su reapertura y la realización de otra cámara de gessell que por suerte para esa niña, no le corresponde realizar a esta misma fiscal.
En redes sociales la directora de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre ha denunciado la dificultad que enfrentan los padres para obtener protección para los hijos agredidos por la madre. Indica a su vez que el Tribunal de Familia tiene todavía una visión sesgada, romántica y alejada de la realidad en desmedro de la efectiva protección a la niñez. El tiempo y los recursos utilizados para capacitar a funcionarios del Poder Judicial en el uso del lenguaje “inclusivo” debería destinarse a temas que exigen estar arriba en el listado de prioridades de protección efectiva a la niñez.
En Costa Rica aún se recuerda las imágenes del niño arrojado violentamente al piso por su madre en Pérez Zeledón para entregárselo al padre o a Danna Batista, quien encerró a sus hijos en su casa en San Francisco de Dos Fríos y le prendió fuego. En Argentina se aprobó hace unas semanas la ley Lucio que lleva el nombre de un niño asesinado cruelmente por su madre y su novia. En Brasil condenaron a 57 años de cárcel a Rosana Cándido, quien descuartizó a su hijo. En España aún se llora el asesinato de la niña Olivia por parte de su madre. Un diario reporta que no menos del 50% de los filicidios son causados por las madres. Lamentablemente sigue un largo, pero muy largo etcétera.
Don Carlo, ¿quién es la fiscal elegante y de vestido? A lo mejor no es tan falso eso de que en Costa Rica algunos procesos judiciales están negociados por fuera del telón, sin importar tan siquiera el interés superior de los niños.
*Papá