La contaduría pública como eje para defender el agua en Costa Rica

En Costa Rica, el agua es un recurso vital para la vida y el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, en los últimos años han surgido preocupaciones sobre su posible mercantilización e incluso sobre eventuales intentos de venta o concesión a organismos internacionales, como el Banco Mundial. 

Es fundamental que el pueblo costarricense recuerde y defienda que el agua no se vende ni se privatiza, pues es un derecho humano esencial que debe permanecer bajo control público.

Esta defensa del agua como bien común no solo es una cuestión ambiental y social, sino también económica. 

Las empresas estatales que gestionan recursos naturales y servicios públicos, incluido el agua, requieren una administración transparente y eficiente para garantizar que este recurso sea manejado con responsabilidad y al servicio de la ciudadanía.

En este contexto, la contaduría pública desempeña un papel esencial. Las empresas públicas costarricenses necesitan una gestión financiera rigurosa y auditorías constantes que aseguren la correcta administración de los fondos y la transparencia en el manejo de los recursos. 

La contaduría pública garantiza que los recursos económicos generados o invertidos en el sector hídrico no se desvíen ni se malgasten, y que se utilicen para mejorar la infraestructura, el acceso y la conservación del agua.

Además, una contabilidad clara y auditada protege a estas empresas del Estado frente a presiones externas que podrían promover la privatización o la concesión a intereses ajenos a la soberanía nacional. Con una contaduría pública sólida y comprometida, Costa Rica puede mantener el control de sus recursos estratégicos y defender la gestión pública del agua, asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.

En definitiva, el agua no es una mercancía; su manejo debe estar en manos responsables y transparentes. 

La contaduría pública en las empresas estatales es una herramienta clave para proteger este derecho, garantizar su buen uso y evitar que el recurso más vital del país sea entregado a intereses privados o extranjeros.