Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La marcha del 20 de octubre dejó una contradicción obscena en la Plaza de la Democracia. Mientras se reclamaban recursos para educar, el monumento a José Figueres Ferrer terminó rayado y cubierto con plástico negro. Cultura anunció una denuncia penal. El patrimonio de todos convertido en pizarra del desahogo de unos cuantos. ¡Qué espléndida lección de civismo!
Reclamar presupuesto obliga a explicar prioridades, resultados y controles. ¿Cuánto llega a las aulas, las becas y las sedes regionales? ¿Qué se evalúa, qué se corrige y quién responde? La defensa de la educación no convierte en intocables las estructuras administrativas, los privilegios ni las decisiones de sus autoridades. Cada colón público merece una explicación.
La UCR suspendió evaluaciones y autorizó el cierre de oficinas para facilitar la participación. Esa capacidad organizativa merece desplegarse también para proteger el patrimonio y esclarecer los daños. Las universidades deben demostrar coherencia entre lo que predican y lo que exigen a sus comunidades.
Un docente tiene derecho a sus convicciones políticas. También tiene una responsabilidad ética con el pluralismo y la formación de criterio propio. Cuando una cátedra se convierte en púlpito partidario, la autoridad académica se degrada a proselitismo. El estudiante merece aprender a argumentar incluso contra las preferencias de quien lo evalúa.
Se documentó a encapuchados con banderas palestinas subidos al monumento. ¿Qué explica semejante escenografía sobre el costo de una beca o la calidad de una carrera? El presupuesto educativo costarricense exige cifras y prioridades verificables. El fervor por causas internacionales no sustituye esa obligación.
El antecedente universitario resulta demoledor. Al 29 de setiembre, la UCR reportaba más de ₡42 millones en daños y costos asociados a la toma de Rectoría, sin sanciones disciplinarias ni cobros individualizados; existían dos investigaciones penales. También ese dinero merece indignación, seguimiento y responsables.
Esta mañana, transeúntes recogieron basura y retiraron plásticos en la plaza. Su gesto merece reconocimiento. Esa lección práctica de ciudadanía debería comprometer a las dirigencias universitarias y políticas a colaborar con el esclarecimiento de los hechos y la reparación del patrimonio.
El Frente Amplio, que respaldó la movilización, debe responder políticamente con claridad. Corresponde exigirle una condena inequívoca de los daños y colaboración para identificar a sus autores. A estos debe cobrárseles lo que corresponda. Relativizar el vandalismo por afinidad ideológica sería una exhibición de hipocresía.
Europa ofrece antecedentes que conviene mirar sin romanticismo. En Leipzig, en junio de 2023, sectores de extrema izquierda protagonizaron disturbios con barricadas incendiadas y ataques a la policía. Las dimensiones son distintas, pero la advertencia sirve. La destrucción jamás adquiere categoría de argumento por llevar una bandera.
El erario no es la caja chica de sus consignas ni la aseguradora de sus destrozos. Quien exige millones para educar debería empezar por aprobar civismo. Y quien daña lo que pertenece a todos debe recibir una factura con nombre y apellido.