La campaña pro vapeo

Me ha llamado poderosamente la atención cómo se ha querido embarrialar la cancha, como se dice popularmente, al proyecto de Ley 21.658 que busca establecer un impuesto del 20% a los vaporizadores.
Se ha querido decir que el vapeo es un incentivo para dejar de fumar, incluso citando supuestos estudios con fundamento científico. También se ha dicho que gravar estos productos aumentaría el comercio ilícito y abriría las puertas a un mayor consumo del cigarrillo tradicional. Argumentos cuyo origen provienen de la misma industria tabacalera que a todas luces lo que no quiere es que se les imponga un impuesto y que utilizan la misma artillería que la industria tradicional de cigarrillos expone incansablemente cuando se promueven iniciativas de este tipo.
Y es que lamentablemente un grupo de diputados, en su mayoría del PUSC, ha caído en este juego abrazando estos argumentos sin contrastar siquiera la veracidad de los mismos, abanderándose en favor de este sector y anteponiendo el interés económico frente a la salud pública y de las mismas finanzas estatales. Para muestra la consulta efectuada a la Sala Constitucional, y artículos de opinión como el firmado por la socialcristiana María Inés Solís donde comete errores de apreciación que ahora procedo a aclarar por el sano interés de orientar debidamente a la opinión pública.
Para empezar el famoso “estudio” científico, que también fue citado por Paola Vega del PAC en el Plenario es del Public Health England, de la agencia autónoma del Departamento de Salud de Inglaterra, el cual se basó en fuentes dudosas, sin una metodología científica rigurosa, pero además se comprobó que su financiamiento provino de una agencia consultora de Arbi Group, distribuidor de cigarrillos electrónicos y concesionario de Philip Morris, y la empresa Euroswiss Health, lo que deja en evidencia el enorme conflicto de interés.
Se sabe que la nicotina, un componente crítico del aerosol del cigarrillo electrónico, suprime la función inmune en todo el cuerpo. En el sistema cardiovascular, el uso de estos dispositivos puede reducir la función del tejido cardiovascular que controla el flujo sanguíneo, lo que puede traer consecuencias negativas en la salud.
A la diputada le preocupa el “gran golpe al bolsillo de los costarricenses” pero perdón, ¿acaso se trata de un producto de consumo masivo o de canasta básica para golpear fuertemente la economía?
Por otra parte, el último estudio realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina, en asocio con el Ministerio de Salud de Costa Rica y la Red Nacional Antitabaco en el 2020, señala que los ingresos que se obtienen por impuestos a los productos de tabaco alcanzan apenas el 9% de los gastos totales que invierte el Estado en atención de enfermedades asociadas al consumo de estos productos, como los vaporizadores, cigarrillos electrónicos, tabaco tradicional, entre otros.
Pero además este impuesto del 20% es ínfimo si se toma en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS) que recomienda un 70%. Pero además el Banco Mundial ha señalado que aumentar impuestos a productos de tabaco y sus derivados es el modo más eficaz para evitar que niños y jóvenes empiecen a fumar.
Es completamente falso que ocasionará comercio ilícito o contrabando. La evasión fiscal está más relacionada con una gobernanza deficiente que con la aplicación de impuestos elevados, dicho en las mismas palabras del Banco Mundial.
Si verdaderamente se quiere legislar en favor de la población, porque el derecho a la salud y a un ambiente sano tiene respaldo constitucional, se debe de dejar de ponerse trabas a iniciativas como ésta. Legislar implica el bien común, y ello está por encima de proteger los intereses comerciales de unos pocos.

*Presidenta de RENATA