
Usted llega a su casa después de un día largo. Son las dos de la mañana. Está oscuro. De pronto, escucha cómo alguien fuerza la puerta. Un desconocido entra armado. Usted, con el corazón en la garganta, agarra lo primero que encuentra y se defiende. El intruso termina en el suelo. Ahora la pregunta: ¿usted acaba de cometer un delito? La respuesta no es sí ni es no…, la respuesta es: Depende.
¿Qué es entonces la antijuridicidad? Es algo que suena complicado pero que en el fondo es bastante lógico. Es preguntarse si esa conducta que ya encajó en el tipo penal realmente contradice el ordenamiento jurídico, pero no un pedacito del ordenamiento, sino el ordenamiento entero. Porque ese mismo sistema legal que dice “no lesione a otro” es el que también dice “defiéndase si su vida está en peligro”. El mismo derecho que prohíbe destruir propiedad ajena es el que autoriza a un bombero a tumbar una puerta para sacar a alguien de un incendio. No hay contradicción.
A esas autorizaciones les llamamos causas de justificación, y son varias: legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho, consentimiento del ofendido. Cada una de ellas funciona como una puerta de salida. Una puerta que debería abrirse a tiempo, antes de que el aparato penal le pase por encima a alguien que actuó bien.
Pero ahí está el problema, y es un problema que en Costa Rica lo vivimos todos los días. Demasiadas personas terminan atrapadas en procesos penales largos, costosos y angustiantes por hechos que, con un análisis serio y oportuno de la antijuridicidad, debieron resolverse mucho antes. Gente que actuó en legítima defensa cargando durante años con el peso de un expediente abierto, gastando lo que no tiene en abogados, sin dormir tranquila, con el estigma social de estar “en un caso penal”. Todo porque alguien, en algún punto del camino, no hizo el análisis que tenía que hacer.
Y aquí viene lo que nadie quiere decir en voz alta: en la práctica costarricense, la antijuridicidad se analiza poco, se analiza mal, o peor aún, se analiza tarde.
Mientras tanto, personas inocentes viven con la angustia de un expediente encima, y los casos que de verdad merecen toda la fuerza de la persecución penal se ahogan en el rezago judicial. Eso sí, con el respeto de mis colegas, lo cierto es que cuando un abogado defensor hace bien su trabajo y alega lo que corresponde en tiempo, son precisamente esas las veces cuando entendemos que no solo somos parte del problema, sino que también podemos ser, profesionalmente, parte de la solución.