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Cada hora, en promedio, 32 personas acudieron en 2024 a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por crisis de ansiedad. Esto se tradujo en un total de 281.565 atenciones solo por este padecimiento, el doble de las registradas en 2019. Las cifras no son solo alarmantes, son un grito desesperado que nos obliga, como sociedad, a mirar de frente una realidad que por años hemos querido ignorar: el sufrimiento mental también enferma, también incapacita, también mata.
El perfil de quienes más buscan ayuda revela otra capa del problema: las mujeres jóvenes, entre los 20 y los 44 años, constituyen el grupo más afectado, representando el 75 % de los casos. Además, la CCSS otorgó 78.682 incapacidades debido a esta afección. Si cada una duró en promedio ocho días, hablamos de 670.000 jornadas laborales perdidas por personas que simplemente no pudieron con la carga emocional del momento. Y aún más preocupante: sabemos que muchos más no lo dicen, no se atreven o no pueden buscar ayuda.
Este aumento no es exclusivo de Costa Rica. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que los casos de ansiedad y depresión aumentaron un 25 % tras la pandemia. El aislamiento, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre laboral, el encierro y la adaptación a una “nueva normalidad” golpearon con fuerza la estabilidad emocional de millones. Sin embargo, mientras la pandemia pasó, la otra crisis, la mental, quedó instalada entre nosotros.
El problema no es solo estadístico, es estructural. Las provincias costeras como Puntarenas y Limón reportan mayor deterioro en salud mental. Esto pone en evidencia que las condiciones socioeconómicas influyen directamente en el bienestar emocional. Quien no tiene garantizado el pan del día, la seguridad de su barrio o el acceso a servicios de salud, tiene más razones para caer en el abismo de la ansiedad.
El estigma, por su parte, es un enemigo silencioso. Aún en pleno siglo XXI, muchas personas evitan buscar ayuda por temor a ser vistas como “débiles” o “locas”. Esa concepción arcaica no solo perpetúa el sufrimiento, sino que impide la prevención y el tratamiento adecuado. Hay que decirlo con claridad: tener ansiedad no es un signo de debilidad, sino una condición que puede y debe ser tratada con seriedad.
La salud mental no es un lujo, es un derecho. Así como invertimos en hospitales, ambulancias y cirugías, debemos invertir en psicólogos, terapeutas y programas comunitarios de atención emocional. No basta con campañas informativas o días conmemorativos. Es indispensable que el Estado, y en especial la CCSS, cuente con recursos suficientes y personal capacitado para atender este creciente malestar.
La ansiedad, si no se trata, no se queda quieta. Se transforma en insomnio, en enfermedades digestivas, en violencia intrafamiliar, en adicciones, en suicidios. El costo de no atenderla a tiempo es mucho más alto que el de invertir en prevención.
Este editorial no pretende generar alarma, sino conciencia. Cada estadística es una vida real, una madre que no puede cuidar a sus hijos, un joven que no puede estudiar, un trabajador que no puede rendir, un ser humano que siente que se le cierra el mundo sin motivo aparente.
Ya dimos el primer paso: reconocer que la ansiedad existe, que es más común de lo que creemos y que está afectando a miles de costarricenses cada día. El siguiente paso es actuar.
Desde el Gobierno, desde las comunidades, desde nuestras propias familias. Porque solo juntos podemos construir un país donde cuidar la mente sea tan prioritario como cuidar el corazón o los pulmones. No más silencio, no más indiferencia. La salud mental también importa. Y mucho.