Desde 1915 y durante la administración de don Alfredo González Flores, los habitantes del cono sur de la península de Nicoya, que comprende los territorios de Lepanto, Paquera, Cóbano y las islas del golfo de Nicoya, (Extensión 1072 km2 y aprox. 100 mil hab. entre población flotante y residente) comenzamos a vivir una condición administrativa política y económica injusta, que se ha tornado avasallante. Es en ese año y mediante el decreto número 20, promulgado por el presidente González Flores, esta región que pertenecía a Guanacaste, fue dada en administración a Puntarenas, por múltiples consideraciones en su momento, que no viene al caso analizar. Desde ese entonces, don Alfredo, sin proponérselo, nos sitúo en una posición de postramiento político – económico, como ninguna otra región de Costa Rica ha sufrido.
Hemos vivido 93 años esperando una salida que nos procure desarrollo, pero la pertenencia provincial, nos obliga a permanecer en el limbo, porque el costo político de la solución es más alto, que el bienestar, el desarrollo y la estabilidad económica de los habitantes de esta región. El círculo vicioso es muy simple y conveniente: la provincia de Guanacaste sostiene que el territorio peninsular y las islas, junto con el golfo de Nicoya, le pertenecen.
Por el otro lado, la provincia de Puntarenas sostiene que, con el decreto número 20 de 1915, estos territorios son puntarenenses y en medio de este fuego cruzado, estamos los habitantes de la región peninsular, que solo vemos el resplandor de los cañonazos.
Toda clase de ilusiones políticas han desfilado frente a la población: plebiscitos, cantonatos a la carta, añoranzas diputadiles, puestos políticos de rango raso y otros subterfugios, han dado como resultado, que el liderazgo local tradicional feneciera, por creer semejantes adefesios. El resultado obvio de este muñequeo, es el que hace posible, que durante 93 años la región peninsular, se mantenga disputando siempre el primer lugar en pobreza, porque, lo poco que propone una provincia, lo destruye la otra, en el marco de una confrontación consuetudinaria generacional en la Asamblea Legislativa.
Un pueblo políticamente desilusionado, vislumbra en el horizonte una esperanza con el contencioso administrativo, presentado ante las instancias competentes, que como acción legal, saca del campo político nuestras aspiraciones de desarrollo. Tenemos esperanza en una pronta solución, basados en la sapiencia de las señoras y señores magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, que les corresponde conocer el caso.
Queremos un desarrollo con identidad, por tanto no es ni una provincia, ni la otra, la que nos lo dará, somos los y las peninsulares quienes pondremos en marcha la propuesta del desarrollo que queremos.
Con nuestra propuesta, queremos invitar a las provincias de Puntarenas y Guanacaste, lo mismo que a toda Costa Rica, para que participe, construyendo y dándonos lo que es nuestro, para disminuir la pobreza que afecta a nuestra población, en donde los niños y niñas son los más perjudicados.
Estamos creando un modelo alternativo para las comunidades, no solo del cono sur de la península de Nicoya, sino también para muchas otras regiones del país, en estos momentos de sequedad propositiva. Hemos concretizado y madurado como región el modelo de desarrollo que queremos. Es una iniciativa de construcción social abierta, enfocada dentro del desarrollo rural local y estructurada alrededor de 6 ejes o pilares estratégicos, que a continuación se resumen.
La identidad peninsular. Que llama a los y las peninsulares a construir un proceso de desarrollo coherente, que contenga los intereses de todos los sectores.
Construcción política. Aboga por un cantón para la región peninsular, una municipalidad y 4 distritos administrativos, participación política en la toma de decisiones con respecto a nuestro plan de desarrollo, estamos aspirando a un diputado/a idóneo, que represente a la región peninsular.
Agenda verde. Que declara a la naturaleza como una heredad universal, por tanto, su conservación, preservación y protección es una necesidad y obligación pública y privada. Constituye una plataforma natural, para el reconocimiento nacional e internacional de la región peninsular, como un destino de grandes bellezas naturales, ideal para el turismo rural comunitario, que favorezca a todas las familias. Propone la creación de una reserva multisectorial de 35 mil hectáreas, para proteger la fauna y la flora, el agua, el clima y la belleza escénica de la zona.
Infraestructura vial. Se enfoca en adecuar toda la red de carreteras, caminos, puentes, embarcaderos y alcantarillado en las comunidades de la región peninsular, que permitan el libre tránsito de vehículos durante todo el año. Construcción y mejoramiento de los puertos de cabotaje entre las islas y el continente, para favorecer el libre tránsito de las personas.
Infraestructura social. Su objetivo es mejorar la infraestructura relacionada con educación, salud, adulto mayor, tema paliativo, seguridad ciudadana, cultura, deporte y recreación entre otras.
Servicios públicos. Destaca la gestión social del agua, manejo integral de residuos, energía, comunicación, educación para el desarrollo, producción agropecuaria y pesca, entre otros.
Con el transcurrir de los años este quehacer será asumido y reformado progresivamente por la población, lo que permitirá a cada generación, alcanzar el desarrollo que quiere tener. Por tanto, es un proceso dinámico con auditorías comunitarias, porque establece mecanismos de ejecución, seguimiento y control de cada una de las acciones que la municipalidad central, los distritos administrativos, el aparato político institucional y la sociedad civil, hayan definido para su ejecución. Esta iniciativa busca el equilibrio entre lo que quiere la comunidad y los objetivos del gobierno central de turno, mejorando sin ninguna duda, todo el tema de la gobernabilidad, tan venido a menos.
La agenda verde. Es una propuesta de consenso de los habitantes de la región peninsular, que orienta nuestro desarrollo. Cada uno de los habitantes de los distritos y de las islas, ha impregnado en este documento, sus anhelos y esperanzas, para salir de la pobreza que nos han dejado 93 años de incertidumbre provincial.
* M.Sc. Desarrollo Rural.
Lic. Biología Marina y Acuacultura.