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El Juzgado de Trabajo rechazó la solicitud del Gobierno para establecer servicios básicos en los centros educativos públicos durante la huelga del 11 de noviembre, en la que participaron miles de educadores y otros sectores sociales. Así consta en la sentencia N.° 2026003052 del 17 de noviembre de 2026.
La gestión fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) a las 4:03 p. m. del lunes 9 de noviembre, cuando faltaban menos de dos días para la protesta.
El juez Irving Vargas Rodríguez determinó que no había tiempo suficiente para cumplir con los plazos legales, escuchar a los sindicatos y definir cuáles servicios debían mantenerse antes de la huelga.
El artículo 376 quinquies del Código de Trabajo establece que los sindicatos deben tener al menos 24 horas para referirse a la propuesta. Después de ese plazo, el juzgado cuenta con tres días para resolver.
La solicitud del Gobierno pretendía garantizar el aseo y la seguridad de los centros educativos, así como la atención de estudiantes de educación especial.
La resolución señala que el MEP conocía la convocatoria a huelga desde el 2 de noviembre.
Ese día, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato Nacional de Profesionales en Orientación (Sinapro) y el Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (Sinpae) comunicaron su participación.
La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) notificó el movimiento el 3 de noviembre, mientras que el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) lo hizo el 4 de noviembre.
Sin embargo, el juzgado no encontró pruebas de que el MEP hubiera convocado a los sindicatos para negociar cuáles servicios debían mantenerse durante la protesta. Tampoco encontró solicitudes de las organizaciones sindicales para iniciar esas conversaciones.
Fue hasta el 6 de noviembre cuando el MEP pidió a la Procuraduría gestionar ante el juzgado la aprobación del plan. En esa comunicación solicitó agilizar el trámite debido a la cercanía de la huelga.
“Esta resolución evidencia una situación que APSE señaló durante el proceso: el MEP, en su condición de patrono, no mostró voluntad de convocar a las organizaciones sindicales ni de sentarse a negociar oportunamente la definición de dicho plan“, dijo la APSE.
Después de la huelga, la presidenta Laura Fernández anunció que se rebajaría el día de salario a los educadores que participaron en el movimiento.
“Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”, manifestó la mandataria.
El juzgado aclaró que su resolución no determina si la huelga fue legal o ilegal. Tampoco analiza si la protesta fue contra políticas públicas.
El proceso se limitó a estudiar la solicitud del Gobierno para establecer los servicios básicos que debían mantenerse en los centros educativos.

