Lo público y lo privado pueden generar opiniones contrapuestas, las cuales variarán de acuerdo con la corriente ideológica mediante la cual un individuo pueda sentirse identificado. Pongamos el caso del empleo público donde puede estimarse adecuado reducirlo, limitarlo o extinguirlo, si se tiene una corriente intelectual de “derecha” o “extrema derecha”, pero podría pensarse en fortalecerlo o ampliarlo, si tenemos un pensamiento de “izquierda” o, como algunos denominan, “progresista”.
Esto generará, por supuesto, discusiones en torno a la inversión privada, la gestión de los servicios públicos, la actividad de la Administración, los derechos de los ciudadanos y la capacidad de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, en el sentido de si este debe reducirse o, sobre todo, si es un buen gestor de las labores encomendadas. Todo esto será canalizado (criticado o alabado) por los medios de comunicación masiva, que a diario recogen, publican y siguen este tipo de informaciones fomentando la opinión general o colectiva.
Ahora bien, cuando analizamos este pensamiento observamos que, en la práctica, Costa Rica sufre diferencias sustanciales que impiden conjugar el ideal con la realidad, con independencia de que el individuo pueda decantarse por la derecha o la izquierda; ideologicamente hablando.
Vemos que, en la práctica, algunas personas critican al Estado y su amplitud, pero no reprochan nada a aquellos empresarios que a costillas de lo público se enriquecen, sea porque contratan con la Administración Pública en su calidad de oferentes, bien porque se aprovechan de los endebles controles administrativos y, por qué no, de la corrupción existente.
Por su cuenta, están los denominados lobbys económicos que atribuyen el déficit fiscal a toda la gestión pública, pero cuando tienen que pagar impuestos como el de renta para garantizar la sanidad de las finanzas públicas, no hacen otra cosa que buscar prácticas subrepticias que rebajen los montos adeudados con Hacienda.
Otra realidad insoslayable es que “por la plata baila el mono” y el dinero o capacidad adquisitiva no la tienen los funcionarios públicos, sino los grupos de poder económico, que son quienes controlan las agendas discursivas y los proyectos que deben agendarse con prioridad.
O sea, la opinión pública se genera en condiciones asimétricas que la masa trabajadora del sector público no puede combatir por falta de recursos, lo que se traduce en “falta de voluntad política”.
Me gustaría encontrar soluciones a algunos problemas que los gobernantes no ven a la vuelta de la esquina, como por ejemplo cómo se agilizarán las grandes filas de la Caja Costarricense de Seguro Social sin funcionarios ni presupuesto, cómo obtendrán internet y electricidad las personas que residan en lugares remotos del país, cómo podrá garantizarse la seguridad ciudadana sin oficiales y sin lugares dignos donde éstos puedan trabajar.
A menos de que WalMart, PriceSmart, Pizza Hut, Heladerías Pops y cualquier otro gestor privado imprescindible pueda contribuir con los vértices sociales mencionados, no encuentro solución a la pregunta.
Quiero enfatizar que creo en la inversión privada como sostén económico de un país y que no puede descuidarse, no solo para la estabilidad social interna, sino por la inclusión externa o de la arena internacional. Deben fomentarse sin reproches ambos sectores, pues en lugar de ser antagónicos u excluyentes, debe configurarse una nueva concepción donde se conjugan y son completamente dependientes.
Un país rico y moderno tendrá suficiente riqueza para repartir y garantizar, no solo un elevado consumo interno, sino una necesaria clase media y una economía flamante que no tendrá por qué lidiar con la fórmula de lo “público versus privado”; como ha querido satanizarse.
*Abogado