Justicia pondrá fin a convenio con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales
Tras polémicas por audiencias de alias “Diablo”
Luego de los cuestionamientos por el traslado del privado de libertad conocido como “Diablo” a una audiencia presencial, el Ministerio de Justicia y Paz anunció que dará por finalizado el convenio de cooperación con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios.
La decisión fue comunicada este lunes por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, después de que el Poder Judicial reiterara que, en materia penal, la regla general es que las audiencias se desarrollen de manera presencial y que la virtualidad únicamente puede utilizarse en situaciones excepcionales.
“La decisión responde a las recientes manifestaciones de las autoridades sobre su preferencia de realizar audiencias presenciales”, señaló el Ministerio en un comunicado de prensa.
Justicia indicó que los policías penitenciarios que actualmente son destinados a custodiar y coordinar las conexiones virtuales serán reasignados para reforzar las labores de vigilancia, control y seguridad dentro de las cárceles.
Además, la institución devolverá al Poder Judicial los equipos utilizados para desarrollar las diligencias a distancia.
“Como parte de esta decisión, el Ministerio de Justicia y Paz devolverá al Poder Judicial las computadoras, equipos de videoconferencia y demás dispositivos utilizados para la ejecución del convenio”, agrega el documento.
Según los datos oficiales, entre enero y junio de 2026 el Sistema Penitenciario Nacional realizó 2.416 audiencias virtuales. De ellas, 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales.
Para atender esas diligencias fue necesario destinar a 2.775 policías penitenciarios a labores de custodia y coordinación.
Solo en el Centro Nacional de Atención Específica, conocido como Máxima Seguridad, se efectuaron 159 audiencias virtuales durante el primer semestre del año, para las cuales se requirió la participación de 318 oficiales penitenciarios.
El anuncio ocurre en medio de la controversia por el operativo desplegado para trasladar a “Diablo” hasta los tribunales, pese a que existía la posibilidad de realizar la diligencia mediante videoconferencia.