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En Costa Rica, así como en el mundo, no es posible llevar a cabo muchas actividades de orden productivo o proyectos personales si no está de por medio el financiamiento, y ese es el espíritu del negocio de bancos, financieras, casas de préstamo y hasta personas que ven en el giro de capital un modo de vida.
Sin embargo, nuestro país tenía una gran deuda en este tema, hablamos de la posibilidad de ponerles un límite a los intereses abusivos que manejaban muchas entidades en préstamos personales, tarjetas de crédito, ventas de electrodomésticos, entre otros, con plazos de corto o mediano plazo.
Finalmente, la lucha frontal y abierta que dieron legisladores como es el caso del oficialista Welmer Ramos y el liberacionista David Gourzong, junto a organizaciones representantes de los consumidores, hacen que a partir de este martes cualquier herramienta financiera que supere el 39% en su tasa de interés pueda ser considerada de usura.
Sucede que aunque nuestro régimen legal en materia penal disponía de una sanción hasta de cárcel para aquellas personerías físicas o jurídicas que no cumpliesen la disposición de usura, la inexistencia de una ley como la recién aprobada convertía al mecanismo sancionatorio en un simple saludo a la bandera.
La lucha para que esta ley viese la luz fue extenuante, hubo muchísima divergencia y también oposición, en especial por la constante advertencia de las autoridades técnicas del Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), acerca de que una acción de esta naturaleza se fundamentara técnicamente por los riesgos que implica.
Queda la duda de si tenían realmente intenciones de proteger a los más vulnerables en su búsqueda de financiamiento o tenían intereses en defender a los actores más grandes, millonarios y solventes del país, tal es el caso de los bancos.
Por mucho tiempo se trabajó sobre la base de tasas que en algún momento se pensó debían ser hasta superiores a un 50%, idea por demás descabellada a sabiendas de que muchas tarjetas de crédito en el país tienen esas condiciones.
Welmer Ramos, en entrevista con DIARIO EXTRA, hizo una recomendación a nuestros lectores en su rol de consumidores y es que se empoderen de sus derechos como consumidores financieros.
A partir del momento que el presidente Alvarado sancione la ley y esta se publique en el Diario Oficial La Gaceta, todos deberíamos apersonarnos a esa entidad que por años ha hecho fiesta con los préstamos que tengo con ellos para pedir una renegociación de mi financiamiento.
Hay que recordar una premisa que dijo en su momento el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan: “los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndalos. Promuévanlos. Entiéndalos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos… son lo mejor de nosotros. Denles vida”.
Es importante insistir en que esta ley es ahora un derecho que como consumidores todos los habitantes de este país tenemos.
Sin embargo, no podemos perder de vista tampoco nuestras obligaciones, una tasa de interés no es más que un indicador financiero, y lo fundamental es que tratemos en la medida de nuestras posibilidades de cumplir con las obligaciones que adquirimos ante una operación crediticia.
Dicho lo anterior, si usted es propietario de una tarjeta de crédito, tenga siempre presente su fecha de corte, mida el consumo acorde con su capacidad de pago y cancele lo más pronto posible, de aplicar esta máxima de seguro no habrá tasa de 39% o 60% que le preocupe en su final de mes.
Es sumamente necesario tener claras las deficiencias en materia de educación financiera que todos los ciudadanos de este país necesitamos incorporar a nuestro diario vivir, así también podremos de forma integral entender nuestros derechos y su correcta aplicación.
La usura es un delito ahora, pero eso no elimina nuestras responsabilidades como consumidores financieros.