Fiorella Salazar Rojas
Exministra de Justicia y Paz
Utópica
El único derecho temporalmente suspendido de quienes están en la cárcel es el de libre tránsito. En los centros penales se ejercen derechos tan sagrados como el voto, la salud, el trabajo y la educación. Aquellas condiciones que narró José León Sánchez en “La isla de los hombres solos” quedaron proscritas hace mucho tiempo.
Gracias a los planes de atención técnica, que definen el proceso de inserción social del privado de libertad, cerca del 25% de la población penal participa en alguna de oportunidad laboral, ya sea en servicios propios de los penales (cocina, limpieza, jardinería), proyectos agroindustriales, iniciativas con empresas privadas o públicas, como la ropa hospitalaria que se cosía desde la cárcel para la CCSS durante la pandemia. A esto, se unen los emprendimientos de artesanía desarrollados con materiales que les aportan sus familias, con el fin de vender, y contribuir así a la manutención de sus seres queridos.
Casi una tercera parte de la población penal estudia. Cada año se gradúan unas 1.200 personas entre primaria, noveno año y bachillerato. Están también quienes cursan carreras universitarias, principalmente en virtud del convenio que desde 1985 tiene el Ministerio de Justicia y Paz con la Universidad Estatal a Distancia. La inserción social también pasa por la cultura. A través del arte (música, escritura, teatro, pintura) las personas privadas de libertad reflexionan sobre sus propias realidades buscando trascender hacia la esperanza de una vida mejor. Esto quedó de manifiesto en el Festival Penitenciario del Bicentenario que se celebró en todos los centros penales en setiembre de 2021, así como en el quinto aniversario del Museo Penitenciario, ubicado en el Museo de los Niños (antigua Penitenciaría Central), donde en 2022 se dieron cita artes escénicas, música, comedia y más de 20 mesas con venta de artesanía, redimiendo en parte el alma del que fuera un infame penal.
Gracias a la solidez de las valoraciones técnicas que la acompañan, la inserción social es una apuesta que muestra datos alentadores, siendo, por ejemplo, de apenas el 4,3% la tasa de reincidencia en el régimen semiinstitucional. Cierto que no todos aprovechan las oportunidades que brinda el sistema, pero quienes sí logran transformar sus vidas dan testimonio del triunfo sobre los propios errores cometidos. Ningún delito se justifica, hay daños que no se pueden reparar, pero la sociedad está urgida de que no se vuelvan a cometer.
Por supuesto, no hay que dejar que todo lo resuelva la cárcel, mejor es apostar por no llegar a ella. Según una evaluación del BID, los programas de prevención de la violencia, como los que se desarrollan desde los Centros Cívicos por la Paz, han mostrado en las comunidades aledañas menores tasas de victimarios menores de edad, asaltos, deserción estudiantil, consumo de drogas o bullying. La inversión social como estrategia de Prevención es una buena apuesta para evitar que el primer contacto que tenga una persona con el Estado sea cuando un policía le llega a detener.
La utopía de hoy: que las segundas oportunidades también sean un derecho
