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El Ministerio de Justicia y Paz anunció que no acatará las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Habitantes relacionadas con las condiciones de los privados de libertad que permanecen en el circuito de alta contención y que serán trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).
Entre las recomendaciones planteadas por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, figura restituir a esta población el régimen de visitas generales e íntimas, la comunicación y el contacto familiar, así como las condiciones de acceso al trabajo y la educación que tenían antes de la creación de ese circuito.
Además, la Defensoría propuso reformar el Reglamento General del Circuito de Alta Contención e impulsar otros cambios en la política penitenciaria.
No obstante, el Ministerio de Justicia indicó que estas recomendaciones no serán acogidas al considerar que desconocen la naturaleza del régimen especial de alta contención, diseñado para albergar a los privados de libertad de mayor perfil criminal y peligrosidad bajo condiciones diferenciadas de seguridad y control.
La cartera afirmó que las propuestas son incompatibles con la política penitenciaria impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuestionó la posición de la Defensoría y aseguró que la prioridad del Poder Ejecutivo es garantizar la seguridad de la población.
El Ministerio reiteró que las medidas aplicadas en el régimen de alta contención responden a criterios de seguridad, control penitenciario y protección de la sociedad, y forman parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales y reducir los riesgos que representan los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad.