
El Ministerio de Justicia ha mantenido la línea del Gobierno anterior de imponer más controles y restricciones dentro de los centros penitenciarios.
Así ha quedado demostrado en el primer centenar de días de la administración de la presidenta Laura Fernández, con la cooperación de Gabriel Aguilar, ministro de Justicia.
Medidas como el retiro de pantallas, microondas y tomacorrientes han sido implementadas en los primeros tres meses de mandato de Fernández.
“Por instrucción de la presidente Laura Fernández Delgado, estamos recuperando el control de nuestras cárceles. Cada tomacorriente retirado, cada metro de cable extraído y cada riesgo que eliminamos, fortalecen la seguridad”, dijo Aguilar el pasado 31 de julio.
Sin embargo, estas decisiones han venido acompañadas de más restricciones en el ingreso de alimentos, visitas familiares e íntimas, reducción de encomiendas y de tiempo para las comunicaciones telefónicas de los privados de libertad.
Además, se anunciaron acciones para los funcionarios penitenciarios, como la rotación del personal carcelario y el movimiento de directores de centros penales para “evitar arraigos”.
El 1º de julio, las autoridades de Justicia indicaron el arranque oficial del plan “Cero Ocio”, programa que permite a los reclusos participar en diversas actividades productivas.
Como primeros proyectos, los privados de libertad salieron de las celdas para realizar la limpieza de las rutas nacionales y el mantenimiento de los centros educativos.
Sin embargo, se anunció también la participación de los reos en la elaboración de los uniformes para alta contención y la construcción de pupitres escolares.
“Queremos personas ocupadas en actividades productivas, aprendiendo disciplina y aportando positivamente a la sociedad”, dijo Aguilar tras el inicio del programa.
Como parte de las acciones para tener el control en alta contención de la cárcel de La Reforma, las autoridades penitenciarias implementaron el uso de un uniforme color anaranjado para los reos de mayor peligrosidad.
Esta indumentaria fue vista por primera vez en los privados de libertad tras la detención de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, quien llegó uniformado hasta el centro penal.
Por este motivo, se anunció que 35 reclusas de la cárcel Vilma Curling confeccionarían los uniformes para las personas que estarán detenidas en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).
Algunas organizaciones han señalado que, aunque comparten el tema del “Plan Cero Ocio” y uniformar a los privados de libertad, las demás medidas tienen afectaciones negativas.
Rafael Ángel García, de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, denuncia que los internos pasan más de 14 horas sin ingerir alimentos.
“Estamos de acuerdo que haya disciplina y autoridad en el sistema penitenciario, pero no estamos de acuerdo con implementaciones que lleven a la tortura física y psicológica de la población privada de libertad”, dijo.
García afirmó que estas medidas de alimentación no son rehabilitadoras, sino acciones de tortura que afectan la salud y el peso de los reos.
La organización Familia Penitenciaria Unida señala que en estos primeros 100 días ha predominado un discurso centrado en el control y castigo, con poco énfasis en la reinserción social.
Además, cuestionan temas como la sobrepoblación en las cárceles y las restricciones de encomiendas, y aseguran que los microondas y pantallas retirados fueron donados por las familias, sin que estos bienes hayan sido devueltos.
“Nos preocupa que el discurso institucional esté contribuyendo a aumentar el estigma hacia las personas privadas de libertad y sus familias, presentando en ocasiones nuestras denuncias y preocupaciones como si perdieran validez por la existencia de víctimas”, explicaron.
Asimismo, cuestionan que las videollamadas de los reclusos con familiares menores de edad se vean afectadas por la eliminación de convenios de audiencias virtuales en alta contención.


