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El Ministerio de Justicia y Paz comenzará un proceso de traslado al programa semiabierto con un grupo de 380 privados de libertad, como parte de su plan de disminución del hacinamiento mediante circular 08-2016.
Una resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó a la cartera de la ministra Cecilia Sánchez que bajara a un 20% la cifra de sobrepoblación de la Cárcel Gerardo Rodríguez, que actualmente cuenta con unos 1.500 convictos.
Según datos de Justicia y Paz, la capacidad de ese centro penal es de apenas 958 espacios para personas que cumplen sentencias, por lo que la intención del juez Mario Rodríguez es llegar a 1.100 reos.
En los próximos dos meses la institución deberá trasladar a esos 380 reclusos al programa semiinstitucional, en el cual deben purgar lo que les queda de condena durmiendo una vez por semana en un sitio de confianza y el resto en su vivienda.
En cuanto al perfil de las personas que serán sometidas a un análisis previo por parte del Instituto Nacional de Criminología, estas deberán tener penas restantes menores a 7 años y que no sean por delitos ligados al crimen organizado como narcotráfico, legitimación de capitales o secuestro.
Con esta nueva cifra el Ministerio de Justicia y Paz ha puesto en libertad, exceptuando el término jurídico “traslado”, a más de 1.500 personas en los últimos meses, tomando en cuenta periodos de 2015.
En entrevista con DIARIO EXTRA, tras críticas hechas por Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, Marco Feoli, viceministro de Justicia, argumentó que seguirán tomando como principal herramienta contra el hacinamiento el programa semiabierto, pues la construcción de prisiones es muy costosa.
¢23 MIL MILLS. PARA CONSTRUIR
La administración desde 2013 maneja un presupuesto de ¢23 mil millones, según datos de esa cartera, para ampliaciones y construcciones de nuevos módulos para privados de libertad, que por persona cuestan ¢6 millones, tomando en cuenta camas, patios y baños.
Sin embargo, a pesar de las múltiples etapas y procesos de análisis en que ha habido enormes gastos en consultorías, el Ministerio de Justicia y Paz aún no entrega todos los proyectos que en un principio tenía como meta dejar en pie a corto plazo.
Mientras tanto, puestos políticos emitieron fuertes críticas a la ministra Sánchez por su decisión de sacar colectivamente a los reos para bajar el hacinamiento, ante lo que la jerarca señala como un acatamiento a las órdenes de los jueces.