El Ministerio de Justicia y Paz plantea una reforma para que los privados de libertad deban trabajar, mediante una ley que lo defina oficialmente.
Se trata del proyecto Ley del Sistema Penitenciario Nacional que presentará Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz.
“Costa Rica no cuenta con una ley para el sistema penitenciario, hemos venido trabajando por reglamentos y eso genera desorden. Después de un año presentamos un proyecto de Ley del Sistema Penitenciario, que no fue viable según los diputados. Ellos optaron por la Ley de Ejecución de la Pena”, señaló.
Aseguró que esto les permitirá legalmente definir cómo los reos pueden estudiar y trabajar, incluso con el apoyo de la Estrategia Brete.
“Hicimos con Adaptación Social un perfilado y determinamos que había por lo menos 1.500 personas con un perfil muy bajo que si las motivamos a estudiar y les ofrecíamos una oportunidad iban a salir de la cárcel directo a un trabajito”, agregó.
Actividades
Un total de 5.423 realizan diversos tipos de actividades ocupacionales dentro de los centros penitenciarios y el 50% lo hace por un incentivo económico, de acuerdo con datos de Justicia y Paz.
El Estado da una remuneración quincenal a 2.307 presos que llevan a cabo labores como mantenimiento, cocina, aseo y ornato de zonas verdes, y misceláneos de zonas colectivas o administrativas.
Además 334 trabajan en proyectos agroindustriales como la fabricación de muebles, confección de gabachas, siembra de hortalizas, producción de huevos y elaboración de pan.
Otro grupo de 74 laboran para la empresa privada desde las prisiones creando diversos tipos de productos.
La otra mitad de la población que labora no recibe incentivos monetarios, pero se mantiene ocupada como parte de su proceso de reinserción social.
Campos indicó que hasta el momento el sistema solo ofrece la posibilidad de brindar esta opción dentro de los centros penales porque afuera no se puede ejecutar. “Lo cierto es que hay una responsabilidad social de las empresas y tienen que empezar a abrir las puertas a la gente que nosotros le digamos”, manifestó.
Uno de los criterios para la elección de candidatos es su perfil porque los presos peligrosos o que tienen condenas por delitos violentos no pueden participar.
Más oportunidades
A pesar de que 5.423 personas se encuentran ocupadas en cárceles, hay un grupo de 12.000 que no desempeña trabajos de ningún tipo.
Para la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias todos los reos deberían tener la oportunidad de trabajar y recibir un incentivo económico.
Rafael Ángel García, activista de esa organización, explicó que el incentivo económico que los reclusos reciben, quincenalmente por parte del Estado, es de entre ¢10.000 y ¢20.000, de acuerdo con el tipo de actividad.
“Lamentablemente el sistema penitenciario es primitivo, no tiene la capacidad para atender y darles trabajo a 17.000 privados de libertad. Entendemos que no se toman en cuenta los perfiles, sino la sentencia”, detalló.
Asimismo, afirma que el Estado debe dar una mejor respuesta para la rehabilitación de esta población y una forma de hacerlo es brindándole oportunidades de trabajo.
“Es el Estado el encargado de rehabilitarlos, devolverlos a la sociedad como nuevas personas, pero esto no sucede desde hace más de 40 años. Cuando recuperan su libertad salen igual como entraron”, añadió.
Otra limitante es que no existen suficientes recursos económicos para pagar mejor o para que más presos participen en estos programas de reinserción laboral. Las autoridades penitenciarias informaron que como parte de este proceso un grupo de 5.644 finalizaron su formación académica en 2024, de los cuales 1.705 corresponden a primaria, 3.065 a secundaria y 755 a universitaria.
De los que alcanzaron estudios universitarios, 15 lo hicieron mediante la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en Administración de Servicios de Salud, Administración de Empresas, Banca y Finanzas, y Dirección de Empresas.
