Se introdujeron 2.733 teléfonos en prisiones
El Ministerio de Justicia y Paz tiene como prioridad comprobar que el bloqueo de la señal celular sirva correctamente en los centros penitenciarios del país.
Por este motivo Gerald Campos, ministro de esta cartera, aseguró que en caso de que se compruebe que la norma de seguridad no está siendo bien aplicada por las tres empresas que brindan servicios telefónicos en el país, las demandaría por la vía penal.
En entrevista con Diario Extra, Campos explicó que continuamente ejecuta labores de campo para corroborar que dicha obstrucción esté siendo efectiva.
“Yo me reuní con los operadores y les he dicho: ‘si ustedes no me cumplen, los denuncio penalmente’, porque ellos son los que tienen el deber legal”, declaró Campos. Incluso comentó que no le temblaría el pulso para denunciar penalmente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el cual brinda servicio por medio de Kölbi.
Hasta el momento, las empresas telefónicas le han comunicado al jerarca de Justicia que la medida de seguridad aporta el blindaje necesario.
“Yo lo he vivido, he comprobado que conmigo el sistema funciona, pero igual siempre realizamos labores de campo. Si ellos me fallan, va denuncia penal. Yo no les aguanto más”, subrayó.
Revisiones en los alrededores de los centros penitenciarios todos los meses forman parte del plan de dicha cartera para evitar que las labores pierdan efectividad. Interferir la comunicación de teléfonos móviles fue una de las soluciones que se encontró en el pasado con la intención de evitar que los reclusos siguieran delinquiendo desde las prisiones.
Lo anterior porque el ingreso de esos dispositivos a dichos recintos permitía que los reos llamaran desde las celdas para dedicarse a estafar a las personas o para que líderes de organizaciones criminales siguieran girando órdenes con integrantes de sus bandas.
Durante el año anterior, los policías penitenciarios decomisaron 2.733 celulares y 3.781 chips telefónicos, por lo cual se remitió a un total de 612 personas a la Fiscalía.
Además, como una de las maneras para evitar la corrupción de los funcionarios en centros de reclusión, se ha denunciado a un total de 28 empleados penitenciarios ante las autoridades judiciales y además los separaron de sus cargos.
Campos reconoció que, hasta el momento, en todas las ocasiones que ha ingresado a las cárceles el bloqueo ha sido eficaz, pero eso no quiere decir que dejarán de cerciorarse, para que todo el esfuerzo continúe dando resultados.