Justicia confirma aumento de privados de libertad 

Asegura que el hacinamiento carcelario es de 59%

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 El sistema penitenciario costarricense registra un crecimiento sostenido de personas privadas de libertad, principalmente en los centros de régimen cerrado, donde desde 2022 se contabilizan más de 4.800 ingresos adicionales. 

Así lo confirmó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde expuso el proyecto de presupuesto de la institución para 2027. 

De acuerdo con el jerarca, durante los últimos cuatro años se produjo una reconfiguración en la distribución de la población penitenciaria, caracterizada por un aumento en los niveles de mayor restricción de libertad y una reducción en las modalidades alternativas y comunitarias. 

“Del 2022 a la fecha, más de 4.800 personas ingresaron y eso representa la mayor presión sobre la capacidad instalada que tenemos institucionalmente”, explicó Aguilar. 

Durante la audiencia, el ministro confirmó que actualmente la población carcelaria ronda las 21.085 personas. 

Este crecimiento representa un desafío para la capacidad instalada del sistema penitenciario y aumenta las necesidades de recursos para garantizar alimentación, salud, higiene, seguridad, conectividad y otros servicios esenciales. 

Justicia también reportó un incremento importante entre la población penal juvenil en régimen cerrado. En este caso, desde 2022 se registra un crecimiento relativo del 56%, aunque se trata de una población menor en términos absolutos. 

Caen medidas alternativas 

El comportamiento es diferente en los regímenes que permiten menores niveles de restricción. Los centros de atención semiinstitucional, conocidos como centros de confianza, presentan una disminución cercana al 60%. Aguilar señaló que la reducción ronda específicamente el 58%. 

Asimismo, la población sometida a monitoreo electrónico disminuyó un 35,5% desde 2022. 

El ministro indicó que este comportamiento podría estar relacionado con cambios en los criterios para acceder a estas modalidades y con legislación que hizo más restrictivo el acceso al monitoreo electrónico. 

Presión sobre las cárceles 

El aumento de privados de libertad ocurre en momentos en que Justicia reporta un hacinamiento cercano al 59% en el sistema penitenciario. 

La institución espera reducir esa cifra con la apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), que incorporará 5.100 nuevos espacios. Según la proyección presentada por Aguilar, con esta infraestructura el hacinamiento podría bajar hasta un 15%. 

El propio ministro explicó que actualmente existen aproximadamente 159 personas por cada 100 espacios disponibles y que, con la entrada en funcionamiento del CACCO, la relación proyectada sería de unas 115 personas por cada 100 plazas. 

Sin embargo, Bernal Vargas, criminólogo aclaró que la entrada en funcionamiento del CACCO reducir considerablemente el hacinamiento en las cárceles del país, pero no solucionaría de forma definitiva el problema de sobrepoblación penitenciaria. 

“Podría variar en cualquier momento si el Poder Judicial, por ejemplo, condena más personas y las manda a cumplir condenas o se detienen más personas por temas de labores policiales”, explicó. 

Vargas advirtió que, si la población penitenciaria continúa creciendo, el sistema podría nuevamente superar el 20% y regresar a una situación de hacinamiento como la registrada durante las últimas décadas.