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La confrontación entre la junta interventora de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), el Gobierno y los diputados no culmina. En un pronunciamiento oficial critican al Poder Ejecutivo y los legisladores por no escuchar sus advertencias de que la nueva ley de Judesur afectaría la institución.
“Desde el 2014 los diputados sabían que estaban actuando erróneamente y no realizaron las modificaciones”, señalan en el documento justificando que eso los obligó a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley y una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando daños y perjuicios para la institución con la nueva normativa y solicitaron una indemnización por ¢7 mil millones.
“Es clarísimo que los señores y las señoras diputadas hicieron caso omiso en primera instancia y desde el 2014 a los planteamientos de los concejos municipales de la Zona Sur. Lo peor de todo es que hicieron lo mismo con un pronunciamiento de la Contraloría de marzo del 2016, donde en 7 puntos se les dice que no está bien el actuar”, enfatizó Carlos Murillo Barrios, director ejecutivo de Judesur.
Asimismo resalta que solicitaron directamente al presidente Luis Guillermo Solís echar para atrás la ley, con lo que aseguran se provocaría el cierre técnico de la institución.
“El 22 de abril de este año, la Junta Interventora tomó el acuerdo 800-2016 donde se menciona que ‘en vista de que los escenarios elaborados por la Dirección Ejecutiva a lo interno de Judesur, no garantizan y más bien se pone en evidencia que con la implementación de esta ley existe un alto riesgo de la continuidad de las operaciones y prestación del servicio público que brinda la institución, en claro perjuicio de los proyectos de desarrollo que están en pleno desenvolvimiento y de las becas y créditos universitarios, que gozan los habitantes de los cinco cantones de la Zona Sur, además de la operación institucional, se acuerda solicitar al señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República de Costa Rica, devuelva esta ley a la Asamblea’”, reseñan en el pronunciamiento.
Recientemente el Poder Ejecutivo sostuvo una reunión con los legisladores comprometiéndose a nombrar una nueva junta en un plazo máximo de un mes, como lo dispone la nueva ley.
El gobierno confió la intervención de Judesur en cinco miembros desde octubre de 2014, con el fin de erradicar anomalías en la gestión administrativa.
El nombramiento inicialmente era por dos meses, pero fue prorrogado.