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El juicio penal por la muerte de un conductor a causa de una riña en carretera en La Lima de Cartago está fijado hasta el 2029, según confirmó el fiscal adjunto de esa provincia, Jofrey Salas, a Grupo Extra.
“El juicio ya está señalado para el 2029. Lamentablemente, si se hubiese seguido en flagrancia, ya se hubiese realizado el juicio”, afirmó Salas durante una entrevista con Grupo Extra.
Los jueces del Tribunal de Flagrancia determinaron que el expediente debía abandonar la vía rápida y ser remitido a un procedimiento judicial ordinario, por lo que el debate fue fijado para dentro de dos años y cuatro meses.
“Por una situación, los jueces de Flagrancia consideraron que el caso debía pasarse al procedimiento ordinario; el Tribunal Ordinario ya lo señaló y está pactado para el 2029”, añadió.
El suceso que originó esta causa ocurrió el 12 de mayo, cuando un accidente de tránsito menor desencadenó que dos hombres descendieran del automotor y comenzaran a discutir en vía pública.
Los hechos bajo investigación se remontan a que la víctima, de apellido Granados, de 33 años, presuntamente amenazó al otro conductor involucrado con un objeto punzocortante.
Según las autoridades judiciales, el sospechoso de apellido Mora, de 23 años, reaccionó propinándole un disparo en la pierna izquierda, lo que le provocó una herida de muerte en el lugar del altercado.
A pesar de la gravedad del desenlace, el imputado de apellido Mora fue puesto en libertad bajo medidas cautelares alternativas desde el mismo día del incidente.
Actualmente, el sospechoso debe cumplir con la obligación de firmar periódicamente ante el despacho judicial correspondiente y mantiene una prohibición absoluta para portar armas de fuego mientras avanza la instrucción de la causa que se resolverá formalmente en el juicio agendado para el 2029.
Durante la audiencia con el Tribunal de Flagrancia, la defensa del sospechoso de apellido Mora solicitó incorporar elementos de prueba que consideraban determinantes para esclarecer los hechos, como exámenes psicológicos al imputado, llamadas al Servicio de Emergencias 9-1-1, así como videos de la riña para determinar si la acción se ajustaba a una “legítima defensa”.
Sin embargo, los jueces alegaron que aún existían diligencias de investigación pendientes dentro de los plazos establecidos en un proceso de flagrancia.
La resolución le permitió a la Fiscalía investigar con más detalle el caso previo a la audiencia ordinaria.