Juicio entre C.R. y Nicaragua en la CIJ en nueva etapa

El conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua entra en una nueva etapa de su proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda. Los jueces de ese alto tribunal fijaron las fechas para la presentación de pruebas y argumentos a ambos países. El 16 de enero Costa Rica solicitó a […]

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

El conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua entra en una nueva etapa de su proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda.

Los jueces de ese alto tribunal fijaron las fechas para la presentación de pruebas y argumentos a ambos países.

El 16 de enero Costa Rica solicitó a la CIJ incluir en el mismo caso de los límites marítimos una nueva incursión nicaragüense en suelo nacional. La Corte aceptó el reclamo y le pidió presentar sus pruebas el 2 de marzo. Mientras que a Nicaragua le solicitó su parte para el 18 de abril.

Este aspecto es adicional al reclamo principal de Costa Rica, con el cual pretende que la CIJ fije los límites marítimos entre ambos países. La demanda se planteó en febrero de 2014 porque Nicaragua ofertó bloques de mar costarricense, tanto en el Pacífico como en el Caribe, para la exploración y explotación petrolera. 

En esa oportunidad el abogado de la Cancillería, Arnoldo Brenes, dijo que los bloques de mar ofrecidos en concesión por Nicaragua alcanzaban los 20.000 km² en el océano Pacífico y 15.000 km² en el mar Caribe.

“Esto le permite a Costa Rica ahorrar recursos, pues posiblemente en menos de un año podría haber sentencia para ambos asuntos”, dijo Manuel González, canciller de la República. 

A su vez, la CIJ informó los plazos para la presentación de los alegatos escritos para la solicitud de cobro a Nicaragua por los daños causados a Costa Rica durante su invasión en 2010 en isla Portillos.

El país deberá presentar su memoria el 3 de abril de 2017 y Nicaragua su contramemoria el 2 de junio.

Este otro caso se debe a la negativa del gobierno de Daniel Ortega de pagar los daños causados al humedal, como lo estableció la CIJ en su sentencia de 2015. Costa Rica le reclama a Nicaragua en este caso $6,6 millones.