Juez que avaló extradición de Celso y “Pecho de Rata” revela detalles del proceso
Tras 7 meses de hecho que marcó la historia de Costa Rica
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Amenazas de muerte contra él y su familia, intentos de intimidación y el desafío de resolver un caso sin precedentes jurídicos en Costa Rica fueron parte de las situaciones que enfrentó William Serrano, juez que avaló la extradición de Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.
Durante una entrevista en el programa Radiografía del Crimen, del Ministerio Público, el juzgador relató las experiencias que marcaron este proceso histórico, desarrollado tras la reforma constitucional que permitió la extradición de costarricenses.
Serrano reveló que, mientras analizaba las solicitudes, comenzó a recibir amenazas directas provenientes de otros países, algunas mediante redes sociales, que también involucraban a su núcleo familiar.
“Se presentaron una serie de amenazas a este servidor y a mi núcleo familiar, debido al proceso que estaba llevando, amenazas que venían de otros países por redes sociales y demás”, manifestó.
Según explicó, las intimidaciones buscaban generar temor e incluso provocar que dejara de conocer el expediente.
“No eran amenazas veladas, eran directas hacia los funcionarios que llevábamos el caso, amenazas de muerte”, detalló.
Ante esta situación, el juez recibió acompañamiento de las autoridades encargadas de brindar protección, que implementaron medidas para enfrentar los riesgos.
“Ninguna de las amenazas, ninguna de la influencia que se tuvo, ninguno de los comentarios y demás pudieron verse reflejados en la forma en que se resolvió”, afirmó.
Un desafío histórico
Durante el espacio del Ministerio Público, Serrano también explicó que uno de los principales retos fue resolver las solicitudes cuando apenas habían transcurrido unos meses desde la aprobación de la reforma constitucional.
La ausencia de antecedentes jurisprudenciales nacionales obligó a estudiar instrumentos internacionales y desarrollar interpretaciones jurídicas para fundamentar la resolución.
“El hecho de que fueran las primeras personas extraditables nacionales tenía unas características de hito histórico jurídico que no podíamos dejar pasar”, expresó.
El juez enfatizó que, pese a la atención pública que despertó el caso, las decisiones debían responder únicamente a criterios jurídicos.
“No había que resolver con criterios políticos, con criterios sociales, con lo que los medios de comunicación quisieran, sino lo que a derecho correspondía”, señaló.
Serrano destacó además el trabajo realizado por el Ministerio Público, la Procuraduría y los abogados defensores, quienes aportaron los elementos necesarios para analizar las solicitudes.