El juez penal de Garabito, Luis Miguel Mora Herrera, está en el ojo del huracán luego de que dejara en libertad a dos colombianos que, según la acusación de la Fiscalía, transportaban combustible y 805 kilos de cocaína cuando fueron sorprendidos cerca de una lancha rápida en Tárcoles, Puntarenas.
Las autoridades identificaron a los sujetos como de apellidos Barco Palacios, de 29 años, nacido en el sector del Chocó, y Grueso Cuero, con domicilio en el sector colombiano de Buenaventura, quienes no llegaron a la audiencia de apelación de medidas cautelares.
Para el Ministerio Público, ambos hombres llevaban 805 kilos de cocaína en una lancha rápida desde la costa colombiana del Pacífico hasta aguas costarricenses, donde al parecer la almacenarían para llevarla a otro punto no determinado de nuestro país.
Según la acusación, los días 4 y 6 de abril del 2021 zarparon en una lancha tipo eduardoño, sin nombre, sin matrícula ni bandera, con dos motores de 250 HP y 15 estañones plásticos con combustible y, cuando llegaban a la bocana puntarenense, fueron sorprendidos por Guardacostas y oficiales de la Fuerza Pública de Jacó, quienes recibieron información sobre la presencia de una lancha sospechosa.
Fue así que dieron con los dos colombianos, quienes tenían dos teléfonos satelitales, cuatro GPS, dos radios de comunicación, dos filtros de combustible para embarcación hechos en Colombia, un recorte con coordenadas y claves para navegar, dinero colombiano y un teléfono celular. Los paquetes de droga tenían un material impermeabilizante, en total eran seis capas con una pureza del 95%, lo que tiene un valor altísimo en el mercado nacional.
El 10 de marzo del 2022 se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Publico expuso los argumentos que imputaban a los sujetos en grado de probabilidad como coactores del delito de transporte agravado de cocaína en la modalidad de tráfico internacional de drogas.
SORPRESA MAYÚSCULA
El juez penal de Garabito Luis Miguel Mora Herrera dictó el archivo definitivo del expediente, así consta en un documento relacionado con la audiencia ante el Tribunal Penal de Puntarenas en poder de DIARIO EXTRA.
“Mediante un sobreseimiento definitivo, según el juez por no haber probabilidad delictiva (pese a que otros jueces penales, incluso el Tribunal Penal de Quepos con esas mismas pruebas habían indicado que si existía probabilidad delictiva y que por ello era necesario mantener en prisión preventiva a los imputados), dijo que había errores en la investigación y, según él, hasta en la acusación. Finalizó su resolución ordenando la libertad de los imputados, a quienes la prisión preventiva se les vencía el 6 de abril de 2022, por lo que el fiscal presentó un recurso de apelación contra la resolución antes citada”, detalla.
SILLAS VACÍAS
Este martes se realizó la audiencia ante el Tribunal Penal de Puntarenas para conocer el recurso de apelación formulado por el fiscal Sergio Vives Díaz, diligencia que fue presidida por el juez de juicio Franklin Lara Fallas, en la que estaba el abogado defensor de los dos imputados, José Pablo Badilla, no así ellos, quienes probablemente no estén en Costa Rica, ya que no tienen arraigo. “El juez penal de Garabito, en una audiencia preliminar dictaminó que la acusación del Ministerio Público era un desastre y que esos muchachos no tenían ninguna razón por la cual estar presos y el juez dictó una sentencia de sobreseimiento.
Ordenó la puesta en libertad de los dos colombianos, el Ministerio Público apeló esa resolución y el Tribunal Penal de Puntarenas revocó y ordenó hacer de nuevo la audiencia preliminar”, explicó Badilla.
Agregó también que ya no es el abogado de los colombianos por un desacuerdo con los imputados.
ERRORES GARRAFALES
Como es normal en estos casos, el fiscal explicó las razones por las Mora Herrera, juez penal de Garabito, incurrió en una serie de errores gravísimos al analizar de manera incorrecta las pruebas.
En su momento, el juez de juicio indicó entre otras cosas que: “Hay una cantidad importante de aspectos que dejó de lado el juez penal de Garabito (…) La acusación de la Fiscalía cumple con los requisitos que establece la ley y describe claramente una conducta delictiva. Se dice de manera concreta que los acusados fueron vinculados con el trasiego de 805 kilos de cocaína que transportaban en una lancha.
El caso es muy grave, es mucha droga y el valor en el mercado ilegal es muy alto. El juez penal tiene una confusión absoluta, al juez no le compete hacer valoraciones personales sobre el tiempo. Todos los indicios nos dicen que esas personas están vinculadas con esa embarcación” explicó Fallas.