La orden de talar 65 árboles en El Tirol de San Rafael de Heredia, y que generó la indignación de vecinos de la zona fue dada por el juez Edgar Calvo del Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de Alajuela.
En la resolución se dan por válidas las pruebas presentadas por la demandante, que fueron varias fotografías de ramas que cayeron en el jardín por los fuertes vientos y que “atentaron contra su seguridad”.
Además, se realizó un reconocimiento judicial que dio el visto bueno a la tala.
Diario Extra contactó a Calvo para conversar sobre la resolución del caso, sin embargo, afirmó que no puede referirse al tema hasta que se lo permita la institución.
Walter Brenes, el abogado ambientalista que lleva el asunto junto al alcalde de dicho cantón, Jorge Arias, explicó a este medio que las especies marcadas, con una altura de 20 metros en promedio, están en vía pública.
Así lo confirma la resolución, pues indica que se ubican entre 5 y 10 metros de la casa por un lado y a 15 del otro.
“Presuntamente, la casa de la denunciante fue construida sin respetarse los requisitos con respecto a la ubicación de la calle pública, lo cual es relevante, porque no se analizó en la sentencia del caso y deja una duda importante sobre la legalidad de la construcción”, comentó Brenes.
Según afirmó, todavía no se ha notificado formalmente la sentencia de ejecución, lo que abre la posibilidad de revisar la orden judicial: “Revisaremos lo actuado por la anterior administración para tratar de revocar la corta de árboles”.
Añadió que la cantidad de cipreses talados parece no corresponder con lo que se tenía previsto, lo que genera aún más inquietudes sobre el proceso.
El diputado del Frente Amplio (FA) Jonathan Acuña instó al alcalde a emplear todas las herramientas jurídicas y administrativas disponibles para detener la corta en El Tirol.
Asimismo, solicitó al jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, un informe sobre las medidas tomadas con respecto a este hecho.
La decisión del Juzgado Agrario obligó a la Municipalidad de San Rafael a contratar a una empresa privada para llevar a cabo el cometido desde el miércoles.
Sin embargo, debido a las manifestaciones de los rafaeleños y ambientalistas que se apersonaron al lugar, se suspendió por 15 días, pues según declaró Arias, “es una orden judicial” que no pueden ignorar.
