Jueces evidencian fallos en monitoreo de reos

Los jueces de Ejecución de la Pena llegaron a la convocatoria hecha por los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para explicar los inconvenientes que presenta el monitoreo electrónico de reos.

Odilie Robles Escobar, del I Circuito Judicial de Alajuela; Mario Rodríguez Arguedas, coordinador del Juzgado; Michel Vega Murillo; y Juan Carlos Jiménez Marín, del Juzgado de la Pena en Guápiles, explicaron ampliamente cómo funciona el tema.

Adujeron que en la sesión anterior Marcia González, ministra de Justicia y Paz, y su equipo no dieron todos los argumentos; en algunos puntos hasta debieron desmentir lo señalado por la jerarca.

Rodríguez se sacudió, ya que en la comparecencia de González la semana pasada, ella dijo que la mora judicial es uno de los principales problemas, pues se tarda hasta 244 días en dar la revocatoria a una persona que violó la sentencia de la tobillera.

Sobre la mora judicial especificó que ellos como jueces no están obstaculizando ese proceso, pues se debe seguir lo establecido por ley en cuanto a las revocatorias de personas que están en el sistema, pero con la comunicación adecuada entre las instituciones involucradas.

“Si se da una alerta de monitoreo puede ser que la persona haya salido de la zona de inclusión, pero porque recibió un permiso y no una falla, pero si hay un divorcio entre la Policía Penitencia y monitoreo, incluso entre el mismo juzgado, se debe corregir”, advirtió.

Otro de los puntos que anotó fue el procedimiento a seguir cuando la tobillera se descarga. Lo primero que se debe hacer es llamar a la persona monitoreada, cuando se emite la primera alerta se debe cotejar, pero al ingresar otra se pierde el rastro y no se deja evidencia de la última.

Esto provoca que el reporte tenga inconsistencias y sea imposible para un juez resolver que acción tomar.

MAYORÍA SON SENTENCIADOS

El juez Rodríguez señaló que a hoy hay 1.559 personas sometidas al sistema de monitoreo electrónico, de las cuales a 1.055 están bajo régimen de Ejecución de la Pena, que representan un 68% de los adscritos al programa. A estos condenados se les debe dar seguimiento y controlar que se cumpla la sentencia. El restante 32% son indiciados. 

Afirmó que meter esas casi 1.600 personas a un centro penal es imposible por los niveles de hacinamiento en casi todos los existentes en el país, por lo que si el programa de monitoreo se viene abajo no tendrían dónde colocarlos.

Desde el año pasado a la fecha los jueces de Ejecución de la Pena recibieron 318 casos, de los cuales ya se resolvió que 64 no usarán tobillera, a 34 se les da seguimiento para colocarles el aparato y los restantes están en estudio.

Entre los resueltos hay 4 que se ejecutaron a favor de privados de libertad, quienes dejaron celdas para ser monitoreados mientras cumplen su condena. 

REUNIONES DESDE 2016

Robles expresó que son 13 jueces los encargados del último escalafón de las ejecuciones de la pena para las personas con tobillera electrónica y desde 2016 sostienen reuniones con personeros del Ministerio de Justicia, la primera fue con la oficina de Cómputo de Penas.

En 2017 se habló del rompimiento de tobilleras, pues se dieron cuenta que los dispositivos de entonces eran frágiles.

Además conversaron que en la población con tobilleras había un amplio índice con desempleo, con problemas de adicciones y sin tratamiento. Ellos planteaban establecer perfiles para conceder la modalidad de custodia o sustitución de condena.

En 2018 se comentó la necesidad de regionalizar las operaciones, pues hay una sola oficina a nivel nacional y deja vulnerables las zonas fronterizas o muy alejadas del Valle Central.

Por último destacó las citas de 2019, que son las más recientes, donde continúa el divorcio entre la Policía Penitenciaria y la Unidad de Monitoreo, ya que hay una falta de abordaje técnico. 

MALA COMUNICACIÓN

Adujo que la Unidad de Monitoreo carece de una buena red de llamadas, por lo cual cuando se señalan las averías de los dispositivos nadie contesta.

Robles mencionó que a ellos mismos se les dificulta comunicarse con la Unidad y deben marcar a los celulares.

Los jueces respaldan las observaciones del Instituto Nacional de Criminología con respecto a que la Unidad de Monitoreo no tiene que ver con el organigrama del sistema penitenciario, “ellos no están adscritos a ningún programa y es algo que está apenas en construcción”, manifestó Robles.

A todas estas irregularidades se sumaron los pronunciamientos de los diputados Gustavo Viales y Roberto Thompson, quienes coincidieron en el grave desorden que hay en Justicia y Paz. 

Desde la anterior comparecencia de Marcia González le piden al presidente Carlos Alvarado un cambio de timón de la cartera.