JPS quería saltarse Sicop en contrato de ¢10.000 millones

La Contraloría General de la República denegó a la Junta de Protección Social (JPS) una solicitud para comprar un terreno donde construiría un nuevo edificio que serviría para albergar nuevas oficinas y áreas de servicios

La Junta le pidió al ente contralor la autorización para realizar un proceso exceptuado de contratación directa, pero concursado, para la compra del terreno por un monto de ¢10.000 millones.

Es decir, sin pasar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

¿POR QUÉ ASÍ?

Entre las justificaciones, la JPS argumenta que el edificio antiguo tiene deterioro estructural, soportó sismos y no es seguro para sus funcionarios.

Además indica que existen estudios de 2002 y 2005 que confirman la deplorable situación, por lo que era urgente la compra de un terreno para la construcción de un nuevo inmueble.

Ante esa situación, la JPS realizó un estudio de mercado donde identificó una serie de propiedades (37 en total) para construir el nuevo inmueble. 

“(…) A pesar de lo anterior, se pretende realizar la contratación directa concursada con el fin de invitar a los dueños de los inmuebles, pero a la vez, generar invitación abierta a otros posibles interesados, pero dentro de un proceso de excepción, donde básicamente el oferente debe cumplir los aspectos de admisibilidad y mediante el sistema de calificación diseñado, tomar la opción del mejor puntuado”, detalla el documento DCA-3124 de la Contraloría.

Incluso, de esas opciones ya había seleccionado 5 que creía viables y el objetivo era que el inmueble estuviese en el casco central de San José, a máximo 1 kilómetro de la ubicación actual de la JPS. 

“(…) Lo recomendado es realizar un proceso de compra exceptuada del procedimiento ordinario, pero abierto a nuevas ofertas que cumplan con los criterios técnicos descritos. Además, el proceso se debe realizar fuera de Sicop”, añade.

La solicitud se planteó a la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa porque “los dueños de los inmuebles no son proveedores regulares inscritos en ese sistema de compras”.

CONTRALORÍA

A través del documento DCA-3124 la Unidad de Asistencia Técnica y de Fiscalización de la Contraloría le indicaron a Marilyn Solano, gerente general de la JPS, sobre la imposibilidad de realizar dicha compra. 

Según explicó el ente contralor, la solicitud violentaría el artículo 139 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

“(…) En el caso bajo análisis, según indica la Administración, requiere de la compra de un inmueble que cumpla con ciertas condiciones (…) Así las cosas, existe más de una única (sic) opción idónea para cumplir con la necesidad acreditada e inclusive, abren la posibilidad de que existan más proveedores que puedan presentar ofertas distintas a las que ya han sido objeto de estudio. Por lo que se puede decir que no se acredita que exista una sola opción”, explicaron.

Como si fuera poco, indicaron que la tramitación de un procedimiento como el solicitado por la JPS no era el idóneo para la compra del terreno. 

“(…) El hecho de tramitar un procedimiento ordinario no impide a la Administración llevar a cabo un proceso ágil y adecuado (…) De manera que no se vislumbra afectación alguna para que este objeto pueda ser tramitado por medio de un procedimiento ordinario. En razón de todo lo expuesto, se deniega la autorización de contratación directa solicitada”, señala la Contraloría. 

Finalmente, indica que el procedimiento es ajustado porque la planificación para la compra del inmueble afectará lo registrado en el Banco de Proyecto de Mideplan.

DIARIO EXTRA trató de conocer la posición de la JPS, sin embargo, al cierre de edición no enviaron respuesta.