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El diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, acusó al Gobierno de haber ejercido presiones sobre legisladores para incidir en votaciones relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y señaló específicamente el caso del liberacionista Jesús Calderón.
Villalta lanzó el señalamiento este miércoles en el Plenario, durante la discusión previa a la votación sobre la no reelección del magistrado Jorge Araya.
El frenteamplista aseguró que, durante el proceso que definió meses atrás la continuidad de la magistrada Julia Varela, se habría intentado condicionar el voto de Calderón mediante un asunto relacionado con una cooperativa de estibadores de Puntarenas.
Según Villalta, al diputado liberacionista se le habría advertido que, si no votaba contra la reelección de Varela, se bloquearía una concesión vinculada con la cooperativa.
“Es una conducta delictiva, extorsiva, una conducta vergonzosa que cualquier demócrata tendría que estar escandalizado. No me van a negar aquí que eso le intentaron hacer al diputado Calderón Calderón y no me van a negar aquí que han intentado recurrir a prácticas similares con otras diputaciones de esta Asamblea Legislativa”, afirmó.
Hasta el momento, el PLN no se ha referido nuevamente al tema a raíz de las declaraciones hechas este miércoles por Villalta en el Plenario.
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, rechazó la acusación de Villalta y aseguró que las conversaciones con Calderón formaron parte de los procesos habituales de negociación política.
“Así como hablamos con todos los diputados en los procesos de negociación, no hubo ningún tipo de intento de extorsión a don Jesús Calderón. Si el diputado Villalta tiene pruebas, que las presente. Así de sencillo. Las acusaciones se sostienen con pruebas, no con insinuaciones”, respondió Acosta.
El señalamiento sobre presiones alrededor de la votación de Varela ya había surgido meses atrás. En ese momento, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, confirmó públicamente que legisladores de su bancada habían recibido presiones durante el proceso.
Sin embargo, Ramírez no confirmó específicamente la versión sobre una eventual amenaza contra Calderón relacionada con la concesión de la cooperativa de estibadores ni otros señalamientos concretos que circularon alrededor de aquella votación.

