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Las instituciones públicas acumulan 3.189 incumplimientos de sentencias de la Sala Constitucional entre 2018 y el primer trimestre de 2026, una situación que podría llevar a jerarcas y funcionarios ante el Ministerio Público e incluso exponerlos a penas de cárcel.
Así lo advirtió Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, quien explicó las consecuencias legales que enfrentan las autoridades que desobedecen las resoluciones emitidas por este tribunal.
De acuerdo con un informe del Centro de Jurisprudencia Constitucional, durante el periodo analizado se registraron 460 expedientes en los que las órdenes judiciales fueron incumplidas en más de una ocasión, mientras que 31 asuntos fueron remitidos al Ministerio Público.
Castillo explicó que, cuando una institución no acata una sentencia, corresponde a la parte afectada comunicar la situación a la Sala IV para que se inicie el procedimiento correspondiente.
“Cuando ocurre una situación como la que usted me describe, tiene que venir la parte afectada a solicitar la desobediencia a la sentencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es que le reiteramos la sentencia al funcionario que fue condenado”, manifestó.
El magistrado señaló que, si después de esta advertencia persiste el incumplimiento y no existe una justificación objetiva, el tribunal puede trasladar los antecedentes a la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades penales.
“Si por segunda vez ya viene nuevamente la parte afectada de que no se acata la sentencia y la institución no tiene una justificación objetiva, lo que hacemos nosotros entonces es testimoniar piezas y enviar el asunto al Ministerio Público”, explicó Castillo.
El presidente de la Sala IV recordó que los artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contemplan sanciones para quienes desobedezcan determinadas órdenes emitidas en recursos de amparo o hábeas corpus.
Estas consecuencias pueden incluir responsabilidades administrativas, multas y penas de prisión, dependiendo de las circunstancias y de lo que determinen las autoridades competentes.
Incumplimientos van en aumento
Las estadísticas oficiales evidencian un incremento en la cantidad de sentencias constitucionales declaradas incumplidas.
Mientras que en 2018 se contabilizaron 86 casos, durante 2025 la cifra alcanzó los 788, la cantidad anual más elevada del periodo estudiado.
Solo durante los primeros tres meses de 2026 se registraron 183 incumplimientos.
El porcentaje de cumplimiento también refleja una disminución. En 2018 alcanzaba el 98,49 %, mientras que en 2025 se ubicó en el 92,76 %. Para el primer trimestre de 2026, el indicador fue del 93,72 %.
A pesar de esta tendencia, Castillo aseguró que la mayoría de las instituciones cumple con las resoluciones judiciales y que los casos trasladados a la Fiscalía son relativamente pocos.
“Han habido algunos casos, ¿verdad? No son muchos porque generalmente la regla es que las instituciones cumplen con la orden que da la Sala”, indicó.
CCSS encabeza incumplimientos
El informe también identifica las instituciones y los sectores que concentran la mayor cantidad de incumplimientos declarados.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) encabeza las estadísticas con 1.282 casos, equivalentes al 40,20 % del total.
Le sigue el Poder Ejecutivo, con 1.253 incumplimientos, un 39,29 %, mientras que las municipalidades acumulan 385 expedientes, correspondientes al 12,07 %.
Por materia, los asuntos relacionados con salud concentran 1.265 casos, seguidos de los temas laborales, con 643; los asuntos municipales, con 240; y los derechos de petición, con 199.
Estas cifras reflejan que las dificultades para ejecutar resoluciones judiciales se concentran principalmente en servicios esenciales y derechos fundamentales de la población.
Sala IV ha enviado 31 asuntos a Fiscalía
El estudio revela que, entre 2018 y marzo de 2026, la Sala Constitucional registró 3.787 actuaciones relacionadas con incumplimientos, debido a que algunos expedientes requirieron más de una intervención.
De ese total, en 3.317 ocasiones se reiteró la orden judicial, mientras que en 419 se concedió una ampliación del plazo para cumplir lo dispuesto.
Además, se ordenó abrir procedimientos administrativos en 20 ocasiones y se remitieron 31 asuntos al Ministerio Público.
En cuanto a la reincidencia, 2.729 expedientes registraron una única declaratoria de incumplimiento, mientras que 460 presentaron desobediencias reiteradas.
Castillo aclaró que no todos los atrasos en la ejecución de una sentencia constituyen necesariamente una negativa a cumplirla.
Según explicó, existen situaciones en las que las instituciones requieren más tiempo para ejecutar las medidas ordenadas, especialmente cuando deben realizar gestiones administrativas o técnicas.