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Tal como era de esperar, los funcionarios del Ministerio de Salud acusados por recibir mordidas de ¢5 millones rechazaron categóricamente los señalamientos hechos por la Asociación de Chinameros de Curridabat.
Luego de que DIARIO EXTRA diera a conocer una serie de denuncias en el espacio ferial del cantón josefino, el director de Rectoría de Salud Región Central Sur, Guillermo Flores Galindo, así como la directora del Área Rectora de Salud de Curridabat, Melissa Arguedas Arce, manifestaron que los señalamientos en su contra y de sus compañeros “carecen de sentido, son difamatorios y pretenden dañar la imagen del Ministerio de Salud”.
Incluso, aseguraron que los denunciantes tendrán que demostrar sus argumentos ante las autoridades porque “las cosas no se van a quedar así”.
“La denuncia hecha por el señor Johnny (Quesada, presidente de la Asociación de Chinameros) es calumniosa. En la dirección regional a mi cargo no se dan ese tipo de permisos. Todo eso se tramita en el Área Rectora de Salud de Curridabat. Ellos revisan todo y toman las medidas respectivas. Soy claro: yo no tomo decisiones. En ocasiones, cuando ellos tienen dudas, piden apoyo a Asuntos Jurídicos, pero las decisiones técnicas o administrativas competen a ellos (…) Los chinameros creen que yo doy los permisos, pero no tengo que ver: Es el Área Rectora de Curridabat”, dijo el doctor Flores Galindo.
“La frustración de ellos hace que digan esas cosas. Yo creo que el grado de frustración que tienen no les permite dilucidar qué es lo honesto y qué no. Me parece que ellos tendrán que responder ante los tribunales porque ese tipo de aseveraciones son calumniosas e injuriosas. No tenemos que ver con esos permisos. Están desviados de la realidad. Johnny y los otros compañeros tendrán que demostrar en los tribunales lo que dijeron públicamente porque hay un daño público”, agregó.
El profesional de salud añadió que nunca ha escuchado de mordidas y jamás ha recurrido a ese tipo de prácticas.
“Hasta ahora que escucho eso de peajes o mordidas. Lo extraño es que él mismo asegura que siempre han dado platas envueltas en papel aluminio. Yo estoy seguro de que no es así porque los muchachos llegan a inspeccionar. Son profesionales. ¡Claro! Ante la frustración de saber que mintió, dijo eso. Aparentemente mintió también en la declaración jurada y por eso Salud actuó a derecho. Todo lo tendrá que demostrar porque me está dañando”, concluyó.
¿QUÉ DICEN EN CURRI?
El Periódico de Más Venta en Costa Rica visitó el Área de Salud de Curridabat y la doctora Arguedas, así como los inspectores Freddy Zúñiga y Gustavo Ramírez (señalados por las presuntas dádivas) afirmaron que el lugar incumple una serie de disposiciones sanitarias y ellos “nunca han cobrado mordidas”.
“Hay una serie de aseveraciones que distan de la realidad. Todo se hizo bajo un proceso documental con sus respectivos requisitos. Posteriormente, se establece una serie de inspecciones para verificar que todo esté en regla. Ellos emiten el informe y se procedió administrativamente como corresponde (…) Nos hemos apegado a la legalidad. Sobre la denuncia que ellos hablan, no podemos emitir criterio porque no ha sido competencia a nivel local. En ese caso, le corresponde al doctor Flores Galindo”, explicó la doctora Arguedas.
De acuerdo con los funcionarios, el permiso que se les otorgó a los operadores de máquinas era por cinco años y similar al del Parque de Diversiones, pero incumplieron normativa.
“Se verificaron las condiciones físico-sanitarias y se usó una guía del Ministerio de Salud para verificar todo. Hay un permiso permanente para juegos mecánicos y carruseles. ¿Qué pasa? No hay una batería de servicios sanitarios, tampoco lavamanos. No se cumplen protocolos establecidos para juegos mecánicos. Tiene que abastecerse agua potable. No se cumple con la normativa nacional ni con la declaración jurada”, explicaron Zúñiga y Ramírez.
Respecto al área de comidas, Arguedas mencionó que se encuentran en regla y tienen un permiso por un año.
“Al principio se les hizo una serie de recomendaciones y están conforme a la ley”, precisó.
¿Y LAS DÁDIVAS?
Arguedas negó las supuestas dádivas de ¢5 millones. “Yo sé que los inspectores son personas honorables, con ética, moral y además muy buenos funcionarios. Lo que haya pasado en otros años, no podemos hablar sobre el caso, pero sobre este 2021, le digo: si tenemos que investigar lo haremos. Estamos completamente abiertos para hacerlo. Yo no puedo hablar por lo que pasó históricamente. Eso no me compete”, dijo.
“El área nunca ha dado permisos más que en este año. Estamos abiertos a investigación. ¿Dónde están las pruebas de lo de los ¢5 millones? ¡Tráiganlas! ¡Vamos a hacer nuestro descargo!”, agregó.
“Son declaraciones desafortunadas, falsas, no tienen pies ni cabeza y son difamaciones. Son calumnias. No hay pruebas. Nunca hemos pedido dádivas ni las hemos recibido. Nos apegamos a la regulación sanitaria, así que lo dicho por el representante de chinameros es desafortunado. Es erróneo. Dice eso porque está enojado. No se dan las cosas como él quiere, pero decir eso públicamente es otra cosa. Si ese señor no presenta pruebas tendrá que atenerse a las consecuencias”, secundaron los inspectores.
Los funcionarios no descartan la posibilidad de denunciar, en conjunto con la Regional, al representante de los chinameros.
SIN PERMISOS
Finalmente, los trabajadores de Curridabat señalaron que la única forma de que se habiliten los permisos para los juegos mecánicos es que se solicite una nueva licencia, lo cual duraría siete días.
“Se debe hacer un trámite nuevo. Ellos incumplieron lo establecido por ley. Todo seguirá clausurado. No tienen permisos y deben comenzar de nuevo. El trámite dura siete días hábiles”, expresaron.
“La única manera de que las máquinas operen es con un nuevo permiso y cumpliendo con todo”, finalizó Arguedas.
EL DATO
Los permisos de salud para el área de juegos y restaurantes cuestan $50 anuales.