Jerarca duda sobre estabilidad financiera de la CCSS

Al no reconocer análisis sobre deuda y excedentes de la institución

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Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), puso en duda la estabilidad financiera de la institución al no reconocer los informes económicos presentados ante la junta directiva.

La jerarca de la institución fue la única de los directivos que no aprobó el documento, en el cual se demostraron excedentes económicos al cierre de 2024, así como el desglose del monto de la deuda estatal que, según la gerencia financiera, llega hasta los ¢4 billones.

“Si bien es cierto que en el informe presentado el auditor externo manifestó que los estados financieros están preparados en sus aspectos importantes de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados al sector público, también evidenció que en los puntos del 1 al 8 del informe hay una serie de falencias que, en su mayoría, se vienen presentando desde hace tiempo”, justificó Taylor.

Con respecto al monto que el Gobierno central no le gira a la Caja, la jerarca manifestó dudas debido a que hay “información incompleta”, “saldos que no pudieron ser auditados” y además, “no se sabe qué pasó con los montos”

“El tema de la deuda del Estado, como responsabilidad única y exclusiva del Ministerio de Hacienda, lo cual efectivamente es un elemento importante para considerar, no solo refleja la existencia de ese problema, sino que, además, se determinan en el informe puntos a mejorar en las cuentas por cobrar”, mencionó la presidenta ejecutiva.

Para realizar este informe, la institución contrató una auditoría externa a cargo de la firma Deloitte, reconocida a nivel mundial por realizar este tipo de evaluaciones.

¿Qué dicen los estados financieros?

Pese a mostrar un excedente de ¢917 mil millones, si se analiza con detalle el informe de la Caja, los ingresos de la institución se redujeron en 2024 en comparación con 2023, pasando de ¢3.849.150 millones a ¢3.806.522 millones, mientras que los gastos aumentaron en ¢119 mil millones. Esto en gran parte porque cada vez el gobierno central gira menos fondos por concepto de seguro de salud a poblaciones vulnerables y compromisos como impuestos a la Ley Antitabaco.