Una vez más el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOP), Luis Amador, fue llamado a rendir informe ante la Asamblea Legislativa, en esta ocasión ante la Comisión Especial Desarrollo de la Infraestructura del País.
Allí el diputado liberacionista Francisco Nicolás consultó al ministro por la cantidad de contratos que han ganado en los últimos meses las empresas constructoras H Solís y MECO, involucradas en los sonados Cochinilla y Diamante.
Ante esto, Amador le indicó que en cuanto a los 80 concursos y contrataciones directas que ha realizado el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los cuales han sido ganados por 29 diferentes empresas, MECO se dejó un contrato por ¢39 millones.
Asimismo, el mandamás del MOPT expresó que por situaciones de imprevisibilidad a MECO se le adjudicó un contrato por ¢790 millones.
Con respecto a H Solís, Amador manifestó que no encontró ninguna licitación que haya sido ganada por dicha empresa, a lo que Nicolás replicó consultando si había contrataciones con la compañía Conansa. El ministro respondió que sí, una por ¢32 millones.
Posterior a eso, el legislador liberacionista Francisco Nicolás acusó que Conansa es una subsidiaria de H Solís y lamentó que se den dichas contrataciones de obra pública.
Ante ello el ministro Amador respondió: “Yo he venido diciendo que es muy necesario generar un mecanismo de… le voy a decir, ‘lista negra’, donde las empresas por cumplimiento o por no cumplimiento se les va categorizando, se les va subiendo y premiando si se comportan bien, o se les va castigando y reduciendo la cantidad máxima que le puede la administración asignar, hasta que lleguen a cero y ya no se les puede asignar”.
INVITACIÓN
Inmediatamente después el jerarca del MOPT realizó una invitación para que los legisladores realicen una iniciativa que permita al Estado prescindir de las ofertas de algunas empresas: “Yo no soy legislador, pero sería bueno en algún momento tratar de ver cómo logramos ese tipo de mecanismos”.
Nicolás dijo que desde su despacho ya están trabajando en un proyecto de ley en esa línea.
“Tiene que ser una reforma constitucional, porque estas empresas (…) se amparan en un famoso tema que se llama ‘Non bis in idem’, que no pueden ser juzgados dos veces por lo mismo y es un principio constitucional, muy racional cuando hablamos de delitos comunes. Hay que hacer una reforma constitucional para que en particular en obra pública no se vuelva a repetir”, comentó el congresista.